Sentencia N° 1183 Político-Administrativa TSJ 2000: Juan Ramon Garcia Palomo vs Compañía Anónima Nacional Telefonos de…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Anzoátegui, en un caso de intimación de honorarios. Se determinó que la CANTV no se encuentra comprendida en los supuestos establecidos en la Ley de Privatización, por lo que el conocimiento de la acción corresponde al juzgado mencionado. La Sala, al analizar la competencia, concluyó que el Juzgado Cuarto es el competente para conocer de la acción propuesta por el abogado Juan Ramón García Palomo contra la CANTV.

Corresponde a ésta Sala pronunciarse sobre la Declinatoria de Competencia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ordinal 15, que transcrito textualmente establece: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o Empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su competencia excede de 5 millones de bolívares y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad”. Al respecto la Sala observa: En primer lugar, en la Ley de Privatización, en su artículo 2 se define que debe entenderse por sector público: La República: Los Institutos Autónomos y demás personas de derecho público en las que los entes antes mencionados tengan participación; Las sociedades en las cuales la República y demás personas a que se refiere este artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Quedan comprendidas, además, las sociedades de propiedad totalmente pública cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea la de coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional, salvo aquellos que se dedican a la extracción de bauxita, petróleo y mineral de hierro; Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el ordinal anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), y Las fundaciones constituidas o dirigidas por algunas de las personas referidas en éste artículo o aquellas de cuya gestión pudieren derivarse compromisos financieros para esas personas. En segundo lugar, es un hecho notorio, y por ende de todos conocido, que la Empresa CANTV fue objeto de un proceso de Privatización por el cual las acciones que aún continuaban en poder del Estado, fueron vendidas, “privatización de segundo grado”, en noviembre de 1996. Debe ésta Sala establecer, en consecuencia, que la CANTV, no se encuentra comprendida en los supuestos establecidos en el referido artículo segundo de la Ley de Privatización, y es una Empresa Privada regida por el Derecho Privado, en la cual el sector público no tiene participación decisiva, como lo exige el ordinal 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, correspondiendo el conocimiento de la acción propuesta al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que es el competente y así se decide.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ACEPTA LA COMPETENCIA Y DECLARA que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, es el competente para conocer de la acción propuesta por el ciudadano JUAN RAMON GARCIA PALOMO contra la COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS VENEZUELA (CANTV) por INTIMACIÓN DE HONORARIOS, y ordena remitir las actuaciones al referido Tribunal y así se decide. Publíquese, regístrese y remítase a los fines legales consiguientes. Cúmplase con lo ordenado.