Sentencia N° 1175 Político-Administrativa TSJ 2001: MIRNA SANTANA y otros vs Federación Unitaria del Magisterio de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por FETRAMAGISTERIO, declarando que no tiene materia sobre la cual decidir. Se argumentó que la cuestión de competencia ya había sido resuelta por el Juzgado Superior correspondiente, y que la remisión a esta Sala carecía de fundamento jurídico. Además, se advirtió sobre la conducta del abogado de la parte demandada, quien había incurrido en faltas procesales al obstaculizar el desarrollo del proceso.

En virtud de ello, el tribunal de la causa correctamente lo consideró como una cuestión de competencia y declaró sin lugar la cuestión previa opuesta. Ahora bien, la parte demandada impugnó esta última decisión, solicitando la regulación de competencia, de conformidad con el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual se remitieron los autos al Juzgado Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, quien en decisión de fecha 15 de abril de 1998 resolvió la cuestión de competencia declarando que la misma correspondía al tribunal a quo. Por último, la parte demandada insistió en la incompetencia del juez e igualmente en el error de calificar el asunto como de jurisdicción y, es por ello, que solicitaron el envío del expediente a esta Sala, a los fines de la regulación de jurisdicción, de conformidad con el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. Debe esta Sala en primer lugar, aclarar la confusión de conceptos jurídicos en que incurre la parte demandada, en tal sentido se observa, que hasta el siglo XIX los conceptos de jurisdicción y competencia aparecían como sinónimos. Indistintamente se aludía a la falta de jurisdicción como falta de competencia en sentido material; o en sentido territorial, o aún para referirse a la función. Pleonásticamente se llegó a hablar de incompetencia de jurisdicción. En el siglo XX, se ha superado este equívoco y la competencia fue considerada como una medida de jurisdicción, o sea, la fracción de jurisdicción atribuida a un juez. En efecto, la jurisdicción es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la Ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR, en la “regulación de jurisdicción” interpuesta por FETRAMAGISTERIO. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado José Francisco Rondón Granier, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 12.001, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.