Sentencia N° 1175 Político-Administrativa TSJ 2000: Francisco Buysse vs República de Venezuela — Aceptación de competencia en…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia declinada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo para conocer de la demanda interpuesta por Francisco Buysse contra la República de Venezuela. La demanda se refiere a la resolución de un contrato e indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento del mismo. La Sala fundamenta su decisión en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que establece que las cuestiones en materia de contratos administrativos en los que sea parte la República corresponden a su conocimiento.

Conforme al numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, toda cuestión que se suscite en materia de contratos administrativos, en los que sea parte la República, los Estados o los Municipios, corresponde su conocimiento a la Corte Suprema de Justicia. El problema se presenta a la hora de determinar cuándo un contrato suscrito por la Administración Pública debe ser considerado como un contrato administrativo o, si por el contrario, debe considerarse como de derecho privado, debido a que la Administración, acude no sólo a la vía del contrato administrativo, sino también a la de contratación ordinaria o de derecho común, regido por reglas jurídico-privadas, por lo cual resulta indispensable establecer los rasgos diferenciadores entre ambas categorías, por las consecuencias prácticas y jurídicas que tal diferenciación involucra, entre las cuales ocupa lugar relevante la jurisdicción competente para conocer de los litigios que se produzcan a raíz de esos tipos de contratación. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, a fin de hacer la distinción, los clásicos criterios de la finalidad de servicio público o de la cláusula exorbitante, de modo que, si se trata de una negociación en la cual se evidencia el interés o la noción del servicio público en su realización, la competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, concretamente, a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 42 ejusdem. Así, cuando la Administración Pública, obrando como tal, celebra con otra persona, pública o privada, física o jurídica, un contrato que tiene por objeto una prestación de utilidad pública, nos encontramos frente a un contrato administrativo, y tal interés general puede ser de la Nación o Estado, o de las Municipalidades.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Que ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en decisión de fecha 22 de marzo de 1995, mediante la cual declaró su incompetencia para conocer de la demanda interpuesta por la abogado Rayda Riera Lizardo, actuando como apoderada del ciudadano FRANCISCO BUYSSE, contra la REPUBLICA DE VENEZUELA, por órgano del Ministerio del Trabajo. SEGUNDO: Se ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y, si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes.