Sentencia N° 1157 Político-Administrativa TSJ 2000: Mario Castillo vs Ministro de Relaciones Interiores — Nulidad de decisión de…

El Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Político-Administrativa, declara con lugar el recurso de nulidad interpuesto por Mario Castillo contra la decisión del Ministro de Relaciones Interiores que le concedió el beneficio de jubilación. La Sala argumenta que el acto administrativo impugnado fue dictado sin el debido procedimiento legal y sin que se justificara la concesión del beneficio, ya que el recurrente no cumplía con los requisitos establecidos por la ley para ser acreedor a la jubilación.

Son innumerables las oportunidades en las que la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado que todos los actos administrativos deben ajustarse, para que sean válidos, al procedimiento legalmente establecido, esto es, a los trámites, etapas y lapsos prescritos por la Ley. La violación de las formas procedimentales puede acarrear la invalidez de los actos. La violación de formas puede ser de dos clases: la violación de trámites y formalidades o la violación de los derechos de los particulares en el procedimiento. Respecto al primero de los vicios de forma, éstos son susceptibles de impugnación, pero queda claro que los vicios en el procedimiento siempre serán vicios que podrían producir la anulabilidad o nulidad relativa de los actos administrativos, conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El único caso en que un vicio de forma podría llegar a producir la nulidad absoluta del acto es cuando el mismo se hubiere dictado “con prescindencia total y absoluta del procedimiento legal establecido” conforme al ordinal 4º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Aquí no se trata de la violación de un trámite, requisito o formalidad o de varios de ellos, sino de la ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente prescrito, dicho de otro modo de la arbitrariedad procedimental evidente.

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, administrando justicia, con base al poder que emana de la soberanía popular e impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme al artículo 253 de la Constitución Bolivariana de Venezuela declara CON LUGAR el recurso interpuesto por los apoderados judiciales del ciudadano MARIO CASTILLO contra la resolución tácita del MINISTRO DE RELACIONES INTERIORES confirmatoria de la decisión que le concede el beneficio de jubilación como funcionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención acordada por el Director General Sectorial del organismo. Se ORDENA al Ministro en referencia, la inmediata incorporación del mencionado funcionario al cargo y rango que desempeñaba en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención para la fecha de la decisión anulada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvanse las actas administrativas y archívense las judiciales. Cúmplase lo ordenado.