La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de nulidad interpuesta por Nancy Esperanza García Torres contra la Resolución Nro. 01-00-000493, que la inhabilitó para ejercer cargos públicos por diez años. La Sala admitió la demanda y ordenó la celebración de la Audiencia de Juicio, considerando que la inhabilitación se basó en una declaratoria de responsabilidad administrativa previa. La decisión se fundamentó en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y la celeridad en el proceso.
Extracto de la motiva
Corresponde a la Sala decidir en torno a la solicitud efectuada por la representación judicial de la Contraloría General de la República, referida a que se fije nuevamente la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio en la presente causa, para lo cual se observa: La demanda de autos tiene por objeto la nulidad de la Resolución Nro. 01-00-000493 del 25 de octubre de 2016, dictada por el ciudadano Contralor General de la República, mediante la cual resolvió inhabilitar a la ciudadana Nancy Esperanza García Torres, para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de diez (10) años. Ahora bien, de la lectura del mencionado acto se observa que dicha sanción tuvo como fundamento la declaratoria de responsabilidad administrativa efectuada en fecha 10 de mayo de 2012 por la Contraloría General del Estado Táchira, con fundamento en que la actora “(…) en su condición de Directora de Educación de la Gobernación del Estado Táchira, durante los ejercicios fiscales 2005, 2006 y 2007, [asumió] una conducta negligente generando un pago indebido de sueldos y demás beneficios laborales al personal docente incapacitado por el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Personal del Ministerio de Educación (IPASME), que habían sido desincorporado como funcionarios activos (…). Conductas que configuran el supuesto generador de responsabilidad (…) descrita con detalle en la decisión que declaró la responsabilidad (…)”. (Agregado de la Sala). En este orden de ideas aprecia la Sala que la Audiencia de Juicio había sido pautada para el 26 de abril de 2018, oportunidad en la que mediante diligencia el Ministerio Público solicitó su diferimiento alegando que “(…) se encuentra pendiente por decisión ante el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental el recurso intentado por la demandada (sic) en autos, contra el acto que declaró su responsabilidad administrativa y siendo que el objeto de esta audiencia de juicio es el acto administrativo mediante el cual se inhabilitó a la recurrente, como pena accesoria del acto sancionatorio administrativo principal, no estando firme el acto que declaró su responsabilidad administrativa, mal puede evaluarse la conformidad o no a derecho de la inhabilitación (…)”; petición esa que fue acordada por auto de ese mismo día.
Dispositiva
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PROCEDENTE la solicitud realizada por la representación judicial de la Contraloría General de la República. En consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de esta Sala que fije la oportunidad para que sea celebrada la Audiencia de Juicio, previa notificación de la presente decisión a las partes, al Ministerio Público y al Procurador General de la República. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
nulidadinhabilitaciónaudiencia de juicioresponsabilidad administrativa