La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia relacionado con un recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el abogado Rafael Valbuena Guevara en representación de Manuel González. La Sala determinó que no tenía materia sobre la cual decidir, dado que el proceso había culminado con la ejecución de la sentencia proferida por el Juzgado Superior del Tránsito, del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que había declarado con lugar el recurso de nulidad. La decisión se fundamenta en la necesidad de respetar la cosa juzgada y la finalización del proceso.
Extracto de la motiva
La sentencia constituye un medio de heterocomposición de los conflictos intersubjetivos sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales, siendo su ejecución el medio de terminación procesal por excelencia. Así, en materia contencioso administrativa, específicamente en los recursos contencioso administrativos de anulación ejercidos contra actos administrativos de efectos particulares, tal como ocurre en el caso de autos, se pretende con la sentencia, el restablecimiento de una situación jurídica infringida, a través de la anulación del acto impugnado por parte del órgano jurisdiccional. En consecuencia, una vez que el órgano jurisdiccional dicte la decisión correspondiente y resuelva el fondo del asunto planteado a su conocimiento, ejecutándose lo ordenado en ella, se termina el proceso, ello en virtud de la consecución de la finalidad de la función jurisdiccional.
Dispositiva
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO TIENE MATERIA sobre la cual decidir en relación con el conflicto negativo de competencia suscitado en el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el abogado Rafael Valbuena Guevara, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Manuel González, contra la Providencia Administrativa Nº 104 de fecha 15 de septiembre de 1997, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines consiguientes.
Palabras clave
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