Sentencia N° 1140 — Sala Político Administrativa del TSJ, 19 de septiembre de 2002

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por Henry Matheus Jugo contra la resolución del Contralor General de la República que impuso una multa de quinientos mil bolívares. La Sala examinó los argumentos de prescripción y falso supuesto de hecho alegados por el recurrente, concluyendo que no se había consumado la prescripción y que la multa era procedente por fraccionamiento de contratos sin el debido procedimiento de licitación selectiva.

Efectuada la lectura del expediente y examinados los alegatos formulados por la parte recurrente así como por el órgano emisor del acto, pasa esta Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido contra el acto administrativo, en virtud del cual se resolvió imponerle multa al funcionario Henry Matheus Jugo. A tal fin se observa: 1.- El apoderado judicial del recurrente, fundamentado en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, afirmó la prescripción de la multa impuesta a su mandante, alegando que el lapso de extinción comenzó a correr a partir del 22-04-1994, fecha en la cual cesó en el ejercicio del cargo que ostentaba, y que desde esta fecha y hasta el 25-05-1999, fecha de notificación de la resolución sancionatoria, corrieron de forma ininterrumpida cinco años, un mes y tres días, por lo cual, considera consumada la prescripción. Antes de entrar al examen del presente caso, es preciso señalar que la prescripción, cuyo término ha sido concebido en el derecho de diversas formas, está referido, entre otras, en materia penal, a la extinción de la acción o de la pena, por virtud del transcurso del tiempo. Esto último es importante porque precisa distinguir entre uno y otro caso. De esta forma, se entiende que la figura de la prescripción resulta diferente según se trate de la acción o de la pena, pues en el primer caso, atiende al transcurso del tiempo desde que ocurrieron los hechos imputados y hasta el momento en que tiene lugar el ejercicio de la acción respectiva; mientras que, en el segundo supuesto, esto es, la prescripción de la pena, ésta opera a partir del momento en que se dicta la decisión y hasta el término que fije la ley en cada caso. Partiendo de los argumentos señalados y en el sentido que aquí nos ocupa, a saber, la extinción de la llamada por el recurrente acción administrativa; es importante aclarar primero que no existe tal figura, pues la acción es de orden exclusivamente jurisdiccional, por lo que siempre estará referida en este último sentido. Se trata, por el contrario, de la actividad de policía que desempeña la administración con el objeto de establecer responsabilidades administrativas, a través del ejercicio de su potestad sancionatoria.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por el ciudadano HENRY MATHEUS JUGO, contra el acto administrativo contenido en la resolución s/n de fecha 20 de diciembre de 1999, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y remítase el administrativo a la Contraloría General de la República.