Sentencia N° 1135 — Sala Político Administrativa del TSJ, 19 de septiembre de 2002

La ciudadana Ana Alcira Pirela de Vielma demandó a las sociedades mercantiles Inversiones Capuchino S.R.L. e Inversiones Ibepro S.R.L. por cobro de prestaciones sociales. El Juzgado Noveno de Primera Instancia del Trabajo admitió la demanda y declaró sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta por la co-demandada. Posteriormente, el expediente fue remitido a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para decidir sobre la afirmación de jurisdicción del juzgado de origen.

La Sala observa que el presente caso fue remitido en consulta por el Juzgado Noveno de Primera Instancia del Trabajo, en virtud de la decisión que dictara en fecha 8 de noviembre de 2001, mediante la cual afirmó su jurisdicción frente a la Administración Pública, para conocer de la presente demanda. En tal virtud, ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia de la Sala, en el sentido de sostener que la declaratoria afirmativa de jurisdicción de un Juez frente a la Administración Pública no tiene consulta obligatoria ante esta Sala, y solamente conoce de los casos de pronunciamiento de los jueces en relación a la falta de jurisdicción. En este orden de ideas, concluye la Sala que en el presente caso no tiene materia sobre la cual decidir, y así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara NO TENER MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en el presente asunto. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.