La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. La ciudadana Norma Coromoto Acosta Carrillo interpuso un recurso de nulidad y acción de amparo contra un acto administrativo del Ministerio del Interior y Justicia que suspendió el pago de su sueldo. La Sala determinó que la competencia para conocer del caso corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, dado que se trata de un asunto de empleo público.
Extracto de la motiva
El artículo 70 del Código de Procedimiento Civil establece: 'Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el Artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia.' En el presente caso, se interpuso un recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional, contra un acto administrativo dictado por el MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Por tanto, al tratarse de un recurso contencioso administrativo de nulidad, ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional, y por ser ésta última accesoria de la acción principal, la competencia para conocer de la misma será determinada por la competencia para conocer del recurso de nulidad que es la acción principal.
Dispositiva
En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara competente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, para conocer del recurso de nulidad, ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional, por la ciudadana NORMA COROMOTO ACOSTA CARRILLO, contra el acto administrativo emanado del MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, que ordenó la suspensión del pago de su sueldo y los demás conceptos económicos a partir del 1º de noviembre de 2002, al cual se ordena remitir el expediente. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a las partes. Remítase junto con oficio, copia certificada de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.
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