Sentencia N° 1126 Político-Administrativa TSJ 2000: Inversora Mael, C.A. vs Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.)

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia Nº 01025 el 3 de mayo de 2000, en respuesta a un recurso de apelación de la sociedad mercantil INVERSORA MAEL, C.A. contra un auto de inadmisibilidad. Posteriormente, el abogado de la sociedad solicitó aclaratoria sobre la sentencia, argumentando que la prescripción de la acción es una defensa de fondo que debe ser decidida por la Sala y no por el Juzgado de Sustanciación. La Sala, al analizar la solicitud, concluyó que no había puntos dudosos que aclarar, ya que la decisión era suficientemente explícita.

La Sala en decisión de fecha 03 de mayo de 2000, de la cual se pide aclaratoria ordenó: “...la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de que éste se pronuncie en relación a todos y cada uno de los supuestos contenidos en el artículo 84 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Máximo Tribunal en concordancia con lo preceptuado en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, así como también sobre la “cosa juzgada” planteada con ocasión a la homologación del contrato de transacción y sobre la existencia o no, de una “inepta acumulación de acciones”, debiendo igualmente determinar si el lapso de prescripción es el fijado por el artículo 1977 del Código Civil para las obligaciones personales (10 años), o el establecido por el artículo 1346 eiusdem, (5 años) para las acciones declarativas de nulidad.” Observa la Sala que el apoderado de la parte accionante, al solicitar aclaratoria de la decisión anteriormente transcrita, manifiesta que la prescripción extintiva de la acción es una defensa de fondo que no puede ser decidida por el Juzgado de Sustanciación sino por la Sala una vez concluida la tramitación del proceso, y que la existencia o no de la cosa juzgada sólo podría ser resuelta por esta Sala en caso de ser opuesta oportunamente por alguno de los codemandados. Tales argumentos, lejos de conformar puntos dudosos obedecen a una manifestación del solicitante de inconformidad con el dispositivo lo cual no constituye el supuesto de hecho contemplado en el artículo 252 de la Ley de formas invocado por el accionante.

Con fundamento en las presentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de sentencia signada con el Nº 01025 de fecha 03 de mayo de 2000, recaída en el expediente Nº 16.700, formulada por el abogado Juan Andrés Wallis mediante diligencia de fecha 04 de mayo de 2000, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSORA MAEL, C.A., en acción mero-declarativa de nulidad ejercida por dicha sociedad mercantil contra el “Acuerdo Básico” suscrito por ella en el mes de julio de 1991 con la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.); contra la transacción judicial celebrada por ante el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda el 17 de octubre de 1991, entre la sociedad mercantil accionante, el citado Instituto Autónomo, el ciudadano Ramón Torres, y el curador de la herencia vacante de la ciudadana Dot Culver Whitney De Lemón, en ejecución del indicado “Acuerdo Básico”; y contra los contratos para la explotación de oro y/o diamante celebrados en fecha 28 de julio de 1992 y 22 de julio de 1993, entre la sociedad mercantil accionante y la Corporación, también en ejecución del referido “Acuerdo Básico”.