Sentencia N° 1118 Político-Administrativa TSJ 2001: Octavio Faustino Garcia Arrieta vs Lida Moraima Lezama

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de amparo cautelar interpuesta por el ciudadano Octavio Faustino García Arrieta, quien alegó violaciones a sus derechos fundamentales en relación con un contrato de compra-venta de un apartamento. La Sala determinó que no era competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto, ya que el acto impugnado era un contrato regido por normas de derecho privado y no un acto administrativo. En consecuencia, se ordenó la remisión del expediente a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas.

Corresponde, en primer término, a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la solicitud de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con recurso contencioso administrativo de nulidad. Al respecto, esta Sala debe reiterar la naturaleza cautelar que tiene el amparo conjunto y en consecuencia, precisar ciertas características que le distinguen, como es, entre otras, el hecho de que la acción accesoria, en este caso, la acción de amparo constitucional, sigue la suerte de la acción principal, es decir, de la nulidad. De allí que, como ha venido expresando esta Sala en reciente y reiterada jurisprudencia, (Vide. sentencia de la Sala Político Administrativa recaída en el caso Banco de Venezuela de fecha 27 de abril de 2000) resulte necesario pronunciarse previamente acerca de la admisión del recurso contencioso administrativo de nulidad que, en definitiva, es la que fija el destino de la solicitud cautelar de amparo constitucional. Por otra parte, esta Sala también ha destacado la disposición constitucional contenida en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a la cual el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Máximo Tribunal y a los demás tribunales que determine la ley, los cuales son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Que es INCOMPETENTE para conocer del presente recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por los abogados RICARDO RAFAEL MENDEZ ESPINOZA Y MIRNA BASTARDO VELAZQUEZ, ya identificados, actuando en este acto con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano OCTAVIO FAUSTINO GARCIA ARRIETA, titular de la cédula de identidad Nro. 1.880.873, contra “…el Contrato de Compra-Venta, donde el Instituto Nacional de la Vivienda adscrito al Ministerio de Infraestructura le vendió a la ciudadana LIDA MORAIMA LEZAMA, Titular de la Cédula de Identidad Nº. 3.946.762, un apartamento registrado por ante el Servicio Autónomo Sin Personalidad Jurídica de Registro Público. Oficina Subalterna del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, anotado bajo el Nº 14, Tomo 2, Protocolo Primero de fecha 25 de Enero del Año Dos mil (2000)…(sic)”. SEGUNDO Que la competencia para conocer y decidir el presente recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, corresponde a un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas y en consecuencia, se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Distribuidor, a los fines de su distribución.