La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se concede la medida cautelar de embargo de dinero y prohibición de enajenar sobre los bienes de la sociedad mercantil Avicultura V.H., C.A. y su representante legal, Wilmer Alejandro Rosales Rangel, debido al incumplimiento de un contrato de préstamo. La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger los derechos del Banco Digital de los Trabajadores, que alegó un grave daño económico por el incumplimiento del demandado.
Extracto de la motiva
En reiteradas oportunidades ha señalado la Sala que la garantía de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando éstos se encuentren apegados a la legalidad. Por tal razón, el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón (Vid., sentencias de esta Sala números 05653 del 21 de septiembre de 2005 y 00064 del 27 de enero de 2016). Asimismo, se ha expresado que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar sólo se concede cuando haya en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama. De las normas transcritas se infiere que debe haber una vinculación entre los alegatos expuestos por la parte accionante en su petición cautelar y los elementos probatorios para fundamentarlos. De esta manera, a fin de determinar el otorgamiento o no de las medidas solicitadas, resulta necesario examinar los requisitos establecidos en las referidas disposiciones, esto es, la presunción del derecho reclamado (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora). Respecto al primero de los requisitos, esto es, el fumus boni iuris o la presunción del derecho que se reclama, su verificación consiste en apreciar de las actas que conforman el expediente la existencia de una apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. En efecto, se trata de un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho reclamado.
Dispositiva
Se ordena el embargo de dinero disponible en las cuentas del Banco Digital de los Trabajadores, así como el embargo de bienes muebles e inmuebles de la sociedad mercantil Avicultura V.H., C.A. y del ciudadano Wilmer Alejandro Rosales Rangel, hasta por la cantidad de USD 1.142.625,04.
Palabras clave
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