Sentencia N° 1116 Político-Administrativa TSJ 2001: Instituto Nacional de Deportes vs Banco Industrial de Venezuela

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer del juicio interpuesto por el Instituto Nacional de Deportes contra el Banco Industrial de Venezuela. Se determinó que la Sala era competente, dado que la cuantía de los daños demandados excedía los cinco millones de bolívares y no había sido atribuida a otra autoridad. La decisión se fundamentó en los artículos pertinentes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

La parte demandada es el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, sociedad mercantil creada bajo la forma de compañía anónima. De conformidad a lo previsto en los artículos 1 y 6 de la Ley del Banco Industrial de Venezuela, por lo menos el 95% del capital accionario del Banco debe pertenecer al Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos, Empresas del Estado ó Entidades de Carácter Público. Se observa en autos que la relación porcentual en la participación accionaria del Banco supra señalado, según la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de abril de 1997, se mantiene de la siguiente manera; la República de Venezuela (73.004412%), el Fondo de Inversiones de Venezuela (26,800428%) y Varios (0,195160%). Los daños y perjuicios demandados se estimaron en la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.100.000.000,oo), por lo que evidentemente excede del mínimo exigido; y la competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad. Por lo tanto, visto que el asunto bajo análisis reúne los extremos de los supuestos previstos en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia debe declarase competente para conocer del presente caso y así se decide.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, en virtud de la decisión de fecha 18 de mayo de 2000. SEGUNDO: ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. TERCERO: REMÍTASE, con oficio, copia certificada de la presente decisión al referido Juzgado declinante. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.