Sentencia N° 1102 Político-Administrativa TSJ 2000: Gustavo Adolfo Quintero Torrado vs C.V.G. Bauxilum, C.A.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Bolívar en un juicio por daños materiales. La decisión se fundamenta en que la demanda involucra a una empresa donde el Estado tiene participación decisiva y la cuantía excede el monto mínimo requerido. Se destaca la jurisprudencia que establece la competencia de esta Sala en casos similares.

Esta Sala ha establecido en reiterada y pacífica jurisprudencia, lo que a continuación citaremos: “El artículo 42, numeral 15º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente establece que es competencia de esta Sala Político Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a ninguna otra autoridad.” Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor de la Corte Suprema de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones descritas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria.”(Sentencia de la Sala Político Administrativa, del 16 de julio de 1998,en el juicio de Abelardo Olivero contra Corpoven, S.A.) Ahora bien, de conformidad con el criterio expuesto en la jurisprudencia parcialmente transcrita y considerando que en el caso de autos se trata de una empresa en la cual el Estado tiene participación decisiva, como lo es C.V.G. BAUXILUM; que la cuantía excede el monto mínimo requerido y que el conocimiento no está atribuido a ninguna otra autoridad, evidentemente, tal y como lo sostiene el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, éste era incompetente para conocer de la presente causa, en virtud de que dicha competencia se encuentra atribuida a esta Sala Político Administrativa, de conformidad con el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se declara.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción del Estado Bolívar, en decisión de fecha 10 de enero del año 2000, mediante la cual declaró su incompetencia para conocer de la demanda que por, daños materiales, incoara el ciudadano GUSTAVO ADOLFO QUINTERO TORRADO contra la empresa C.V.G. BAUXILUM, C.A.. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie acerca de la admisibilidad de la demanda y, de ser procedente, continue el procedimiento de la causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al a quo. Cúmplase lo ordenado.