Sentencia N° 11 Político-Administrativa TSJ 2000: Roger Antonio Loaiza Rodriguez vs Contraloría General de la República

La Sala Político-Administrativa del TSJ se pronunció sobre un recurso contencioso administrativo interpuesto por ROGER ANTONIO LOAIZA RODRIGUEZ, quien impugnó una multa impuesta por la Contraloría General de la República. La Sala determinó que la Contraloría tenía competencia para imponer sanciones a funcionarios estadales, y que la multa fue ajustada a derecho, ya que el recurrente utilizó fondos públicos en finalidades distintas a las permitidas por la ley. La decisión fue declarada 'Sin Lugar', confirmando la resolución impugnada.

Realizadas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el recurso de nulidad interpuesto y, a tal efecto, observa: El presente recurso de nulidad se circunscribe a determinar, en primer lugar, la competencia o no de la Contraloría General de la República para imponer sanciones administrativas a los funcionarios estadales y municipales y, en segundo lugar, de resultar competente el mencionado Organismo, analizar la actuación del recurrente a los fines de determinar si la aplicación de la sanción administrativa estuvo o no ajustada a derecho. Aduce el recurrente, en primer término, que la Contraloría General de la República no es el órgano competente para imponerle la sanción administrativa del que fue objeto, por cuanto el cargo que ejercía era el de Director de Fomento y Obras Públicas en la Gobernación del Estado Falcón, esto es, un funcionario estadal. Señala además que el mencionado organismo Contralor debió remitir sus conclusiones a la Contraloría General del Estado Falcón o a la Asamblea Legislativa del prenombrado Estado, quienes en definitiva estarían facultados para imponerle, si hubiere incurrido en causal alguna, la sanción prevista en la Ley. Para fundamentar el vicio de incompetencia planteado, el recurrente denuncia la violación de los artículos 5, 65, 66 y 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el articulo 3 y 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los artículos 33 ordinales 9, 140 y 220 y 81 de la Constitución del Estado Falcón. Al respecto, observa esta Sala que el artículo 65 de la referida Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la época en que se suscitó la controversia, establecía: 'La Contraloría podrá ejercer sobre las administraciones estadales y municipales las funciones de inspección, fiscalización y averiguaciones establecidas en los Capítulos II y III del Título VI de esta Ley. Igualmente, velará por la aplicación de las normas dictadas conforme al artículo 229 de la Constitución, para coordinar la inversión del situado'. Ahora bien, en el Capitulo II del Titulo VI de la derogada Ley, se encontraban, entre otros, los artículos 81 al 91, los cuales regulaban el procedimiento sancionatorio especial destinado a declarar la responsabilidad administrativa. Dicho procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 ejusdem, debía iniciarse 'en todo caso en que surgieren indicios de que funcionarios públicos o particulares que tengan a su cargo o intervengan en cualquier forma en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos de las entidades sujetas a su control, hayan incurrido en errores, omisiones o negligencias'. Las investigaciones que se abrieran con fundamento en el referido articulo 811 podían culminar de conformidad con lo previsto en el articulo 82 de la misma Ley por un auto de sobreseimiento, de absolución o 'de responsabilidad administrativa, según el caso'. Todas las disposiciones citadas, formaban parte, se insiste, Capitulo II del Título VI de la Ley, de allí que el referido régimen sancionatorio sí resultaba aplicable a los Estados, por expresa remisión del artículo 65 de la Ley.

Por las razones anteriormente expuestas, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por los abogados SIMON JIMENEZ SALAS, JOSE ALBERTO PICO SOTILLO y JAIME HELI PIRELA RUZ, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano ROGER ANTONIO LOAIZA RODRIGUEZ, contra la Resolución Nº DGEMR003, de fecha 13 de mayo de 1982, emanada de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, acto que se CONFIRMA mediante el presente fallo.