Sentencia N° 1099 Político-Administrativa TSJ 2000: Domingo de la Cruz Gonzalez Vageon vs Alcaldia DEL Municipio Autónomo Páez…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda por daños y perjuicios derivados de un contrato administrativo. Se determinó que la competencia corresponde a esta Sala, dado que el contrato en cuestión tiene un interés público relacionado con la ampliación de ejidos y la construcción de un matadero industrial. La Sala aceptó la declinatoria de competencia del Juzgado Superior y anuló lo actuado en primera instancia, reponiendo la causa al estado de admisión de la demanda.

Conforme al numeral 14 del artículo 42, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, toda cuestión que se suscite en materia de contratos administrativos, en los que sea parte la República, los Estados o los Municipios, corresponde su conocimiento a la Corte Suprema de Justicia. El problema se presenta a la hora de determinar cuándo un contrato suscrito por la Administración Pública debe ser considerado como un contrato administrativo o, si por el contrario, debe considerarse como de derecho privado. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, a fin de hacer la distinción, por los clásicos criterios de la cláusula exorbitante o de la finalidad de servicio público, que, si se trata de una negociación en la cual se evidencia el interés o la noción del servicio público en su realización, la competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así, cuando la Administración Pública, pues, obrando como tal, celebra con otra persona, pública o privada, física o jurídica, un contrato que tiene por objeto una prestación de utilidad pública, nos encontramos frente a un contrato administrativo, y tal interés general puede ser de la Nación o Estado, o de las Municipalidades. Ahora bien, en la negociación que origina la presente demanda, por lo que se refiere a la Administración, el fin principal que se persigue es el de ensanchar los Ejidos del Municipio y construir un Matadero Industrial, y tal contrato es de innegable interés público, que se constata o explica por la utilidad general que reporta el desarrollo de dicha actividad, siendo que, de la propia Ley Orgánica de Régimen Municipal, en su artículo 36, se desprende que los Municipios, para la gestión de sus intereses, y en el ámbito de sus competencias, podrán prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad y, más específicamente, establece el ordinal 8º del mismo artículo, como competencia propia de los Municipios, los “abastos, mataderos y mercados y, en general, la creación de servicios que faciliten el mercadeo y abastecimiento de los productos de primera necesidad“. Aunado a ello, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en el artículo 124, en su primer aparte, establece: Artículo 124. Se declara de utilidad pública o interés social, la concesión y ampliación de ejidos a los Municipios. Todo lo anterior permite evidenciar como el aludido contrato es de naturaleza eminentemente administrativa, al ser un contrato que persigue como fin principal la ampliación o ensanche de los ejidos del Municipio, para el desarrollo de un matadero industrial en la región, lo cual constituye, concretamente, una de las actividades o servicios, de indudable interés general que, expresamente, está atribuida como competencia de los Municipios.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo, Contencioso Tributario y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, en decisión de fecha 7 de diciembre de 1999, mediante la cual declaró su incompetencia para conocer de la demanda interpuesta por el abogado Miguel Pérez Reina, actuando como apoderado del ciudadano DOMINGO DE LA CRUZ GONZALEZ VAGEON contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO PÁEZ DEL ESTADO APURE. SEGUNDO: Se anula todo lo actuado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Penal, de Salvaguarda del Patrimonio Público, Agrario, de Menores, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, incluyendo la sentencia, por lo que se repone la causa al estado de admisión de la demanda. TERCERO: Ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo, Contencioso Tributario y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas. Cúmplase lo ordenado.