La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Inspectoría General de Tribunales contra el acto administrativo N° 036-07 dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. La decisión se basa en la falta de fundamentos para considerar que los jueces absueltos incurrieron en abuso de autoridad, ya que actuaron dentro de sus competencias al anular la orden de aprehensión en virtud de la protección de derechos fundamentales.
Extracto de la motiva
En este respecto, la recurrente alega que “de los elementos fácticos contenidos en el expediente administrativo se evidencia todo lo contrario” a lo concluido por el acto administrativo impugnado, ya que los jueces absueltos, al dictar la sentencia del 29 de junio de 2004, incurrieron en la falta de abuso de autoridad contemplada en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial. En vista de lo anterior, esta Sala entiende que la accionante realmente refiere al vicio de falso supuesto de hecho, toda vez que arguye que el órgano disciplinario al dictar la providencia administrativa que se revisa, apreció de manera errónea los hechos analizados, por lo que se pasará a emitir pronunciamiento en este sentido.
Dispositiva
Sobre la base de los planteamientos antes examinados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, contra el acto administrativo N° 036-07 dictado por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL en fecha 5 de junio de 2007. Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
abuso de autoridadtutela judicialresponsabilidad disciplinariaCorte de ApelacionesLey de Carrera Judicialderechos fundamentalesproceso penal