Sentencia N° 1089 Político-Administrativa TSJ 2000: José Roger Zambrano Blanco vs Fiscalía General de la República
TSJ/SPA, Sent. N° 01089, Exp. 15916, 11/05/2000 · 11 de mayo de 2000
Expediente15916
Parte actora / solicitanteJOSÉ ROGER ZAMBRANO BLANCO
Parte demandada / contraparteFiscalía General de la República
PonenteCARLOS ESCARRA MALAVE
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoRegulacion de Competencia
Fecha de la decisión2000-05-11
DecisiónSin Jurisdicción
Resumen
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de la solicitud de ejecución de una providencia administrativa presentada por JOSÉ ROGER ZAMBRANO BLANCO. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se había declarado incompetente, lo que llevó a la regulación de competencia ante la Sala. La Sala determinó que los órganos del Poder Judicial carecen de jurisdicción para conocer de dicha solicitud, ya que la ejecución de la providencia administrativa es competencia de la propia Inspectoría del Trabajo, órgano de la Administración Pública.
Extracto de la motiva
La actividad administrativa no requiere de una declaración judicial de su derecho, sus actos tienen carácter de título ejecutivo, por lo que, se puede exigir su cumplimiento desde el momento en que nacen. Al respecto, ha señalado esta Sala, en fecha 21 de noviembre de 1989, (vid Arnaldo Lovera) que el acto administrativo 'desde que existe tiene fuerza obligatoria y debe cumplirse a partir del momento en que es 'definitivo', es decir, en tanto resuelva el fondo del asunto'. Asimismo, el acto administrativo goza de un principio adicional como es el de ejecutoriedad, el cual está referido a la potestad que tiene la Administración Pública de ejecutar o hacer efectivos, por sí misma, los actos administrativos dictados por ella. Este principio encuentra su fundamento en el carácter público que se quiere satisfacer a través del acto, es decir, en el cumplimiento de los intereses públicos que busca la Administración. Como consecuencia de este principio, la Administración, para ejecutar sus actos administrativos, no requiere acudir a un juez, sino que puede hacerlo ella misma, de oficio. En este sentido, el artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que la Administración Pública puede ejecutar forzosamente, por sí misma, los actos administrativos que de ella emanan, a menos que una disposición legal ordene la intervención de las autoridades judiciales para dicha ejecución.
Dispositiva
En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara que los órganos del Poder Judicial CARECEN DE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud incoada por el ciudadano JOSÉ ROGER ZAMBRANO BLANCO, de ejecutar la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo. En consecuencia, ordena enviar copia de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Federal, Municipio Libertador y el archivo del presente expediente previa notificación de las partes interesadas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
regulacion de competenciaprovidencia administrativaejecucionjurisdiccionadministracion publicainspectoría del trabajoderechos laborales