Sentencia N° 1088 Político-Administrativa TSJ 2000: Constructora Alpi, C.A. vs C.V.G. Ferrominera Orinoco, C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por Constructora Alpi, C.A. contra C.V.G. Ferrominera Orinoco, C.A. La solicitud incluía una medida de embargo y una medida cautelar innominada. La Sala declaró improcedente la medida de embargo, argumentando que no existía una presunción grave del derecho reclamado, y procedente la medida innominada, que prohíbe a la demandada requerir pagos a la empresa aseguradora hasta la ejecución del fallo.

Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar se concede, exclusivamente, en los supuestos en los cuales existe riesgo real y comprobable de que quede ilusoria la ejecutoria del fallo, y cuando haya nacido en el Juez la presunción grave del derecho que se reclama. Por esta razón, es imperativo examinar la verificación de los requisitos a que se contrae el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). En cuanto al primero de los mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al segundo de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de 'apariencia' de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda a los fines de indagar sobre el derecho que se reclama.

IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO, a que se refiere el presente cuaderno de medidas. PROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, consistente en la prohibición que debe ordenarse a la demandada de requerir pagos o indemnizaciones a la empresa Seguros Nueva Esparta, C.A. con ocasión de las fianzas otorgadas a Constructora Alpi, C.A., a fin de llevar a cabo la mencionada obra objeto del contrato. Para ordenar esta prohibición, la Sala requiere que la solicitante consigne en autos extensión de las fianzas otorgadas por la mencionada compañía aseguradora, esto es, fianzas de: a) Anticipo de obra; b) Fiel Cumplimiento; y c) Garantía Laboral, hasta producirse la ejecución del fallo que se dicte en la presente causa, concediéndole un plazo de diez días de despacho para tal fin, contados a partir de la notificación de la presente decisión. Se advierte a la solicitante que la no presentación de la extensión de las fianzas, o la falta de impulso procesal por parte de la demandante, dará lugar a la revocatoria de la medida acordada.