Sentencia N° 1084 Político-Administrativa TSJ 2000: Agremiados DEL Colegio de Nutricionistas y… vs Presidente de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la nulidad del Decreto Nº 28, que designó a Otto Graterol como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Nutrición. Los demandantes argumentan que el nombramiento es ilegal, ya que debe recaer en un Licenciado en Nutrición y Dietética. La Sala establece que, aunque los demandantes no son titulares de derechos subjetivos, tienen un interés legítimo en la legalidad del acto administrativo, dado que afecta a su profesión y a la comunidad en general. Finalmente, se declara con lugar el recurso de apelación y se admite la nulidad del acto impugnado.

La Sala observa que el Decreto Presidencial Nº 28, de fecha 25.2.99, mediante el cual se designó al ciudadano Otto Graterol, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Nutrición, es un acto de efectos particulares, pues su único destinatario es el mencionado ciudadano. Establecido lo anterior, corresponde entonces determinar el carácter con el cual actúan los recurrentes en el presente juicio. En este sentido, dispone el artículo 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia: ‘La nulidad de actos administrativos de efectos particulares podrá ser solicitada sólo por quienes tengan interés personal, legítimo y directo en impugnar el acto de que se trate...’ Sobre este particular, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido: ‘Coincidente en este punto con los sistemas consagrados en Derecho Comparado, la regla en Venezuela, respecto de los actos administrativos de efectos particulares, es que su impugnación se encuentre librada a los titulares de derechos subjetivos administrativos y a los interesados legítimos, y que se excluya de los mismos a los simples interesados ...Todo lo cual demuestra que en general, el sistema venezolano, subjetivo a la par que los extranjeros, excluye de la legitimación procedimental para recurrir por ilegalidad de actos administrativos de efectos particulares a los simples interesados en razón –comenta la doctrina-, como ya se ha dicho de la vaguedad e imprecisión en que estos se encontrarían para acreditar de qué manera la lesión de interés general podría repercutir en su esfera individual hasta el punto de habilitarlos para incoar un proceso...’ (Sent. 3.10.85 C.S.J. – S.P.A. Caso: Iván Pulido Mora). Como puede observarse, la tradicional y coherente jurisprudencia de esta Sala ha venido interpretado que la legitimación necesaria para actuar en un proceso contencioso administrativo de anulación deriva del interés en que se fundamenta y éste, no es otro que el señalado por el artículo 121 citado, se trata pues, de un interés legítimo, personal y directo, no siendo suficiente invocar como interés el derecho que tiene todo ciudadano a que se respete la legalidad.

Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de apelación ejercido contra el Auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 28 de septiembre de 1999, el cual queda revocado a partir de la fecha de publicación del presente fallo. En consecuencia, se admite la solicitud de nulidad presentada por las apoderadas judiciales de los AGREMIADOS DEL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS Y DIETISTAS DE VENEZUELA en contra del Decreto Nº 28 de fecha 25 de febrero de 1999, emanado del Presidente de la República y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.650 de fecha 26 de febrero de 1999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvanse los autos al Juzgado de Sustanciación de esta Sala Político-Administrativa con el objeto de que la causa siga su curso legal, conforme a los pronunciamientos que a tal fin corresponde hacer a dicho Juzgado. Cúmplase lo ordenado.