Sentencia N° 1079 Político-Administrativa TSJ 2000: José Antonio Bazurto Belmonte vs Gloria Rosa Tapias — Que concede fuerza…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia concede fuerza ejecutoria en Venezuela a una sentencia colombiana que decretó la separación de bienes de un matrimonio. La solicitud de exequátur fue presentada por el abogado Félix Morillo Blanco en nombre de José Antonio Bazurto Belmonte, quien busca que se reconozca la sentencia emitida en Colombia. La Sala analiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Derecho Internacional Privado y concluye que la sentencia cumple con las formalidades necesarias para su ejecución en Venezuela.

El análisis de toda solicitud de exequátur debe hacerse a la luz del Derecho Procesal Internacional Privado. En tal sentido, para el juez se torna indispensable atender al orden de prelación de las fuentes con el fin de decidir el caso concreto. En Venezuela, dicho orden se encuentra establecido en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, vigente desde el 06 de febrero de 1999, de la siguiente manera: en primer lugar, deben revisarse las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; y, finalmente, en aquellos casos en que no existan tratados ni normas de derecho interno que regulen la materia, se aplicarán las fuentes supletorias, vale decir, la analogía y los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados. En el caso de autos se observa que, efectivamente, como se evidencia del documento consignado por el solicitante y suscrito por el Cónsul General de Colombia en Caracas, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador son signatarios del “Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranjeros” (Acuerdo Boliviano) de 1911. Sin embargo, advierte la Sala que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos suscribieron en Montevideo, el 08 de mayo de 1979 –durante la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado-, la "Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros", ratificada por ambos Estados y cuya Ley Aprobatoria venezolana fue publicada en Gaceta Oficial Nro. 33.144 del 15 de enero de 1985. Por tanto, visto que la Convención de Montevideo es de fecha posterior al Acuerdo Boliviano, que la misma se encuentra vigente entre ambos Estados y que la sentencia que se pretende ejecutar fue dictada en un proceso de naturaleza civil (como lo exige el artículo 1º del mencionado instrumento), debe esta Sala proceder al análisis de la decisión extranjera a la luz de las condiciones requeridas por el artículo 2 de la referida Convención. En tal sentido, se comprueba que se ha dado cumplimiento a los mismos, a saber: a) La sentencia vino revestida de las formalidades externas necesarias para que sea considerada auténtica en el Estado de donde procede. b) Tanto el fallo como los documentos anexos fueron presentados en el idioma oficial de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que considera la Sala satisfecho este segundo requisito. c) La decisión fue debidamente legalizada por las autoridades competentes, esto es: Ministerio de Justicia de la República de Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores de la misma; Cónsul General de la República de Colombia en Caracas y Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, todo de conformidad con los requisitos exigidos por la ley venezolana. d) El tribunal del Estado sentenciador, Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, República de Colombia, tenía competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley venezolana. En efecto, revisados los criterios atributivos de jurisdicción contenidos en el Capítulo IX de la Ley de Derecho Internacional Privado, se observa que el artículo 39 de la misma establece que los tribunales del Estado sentenciador tendrán jurisdicción para conocer de los juicios intentados contra personas domiciliadas en su territorio. e) La parte demandada fue notificada en debida forma legal, de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley venezolana. En este sentido, de la decisión dictada por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, República de Colombia se extrae que aquélla fue notificada personalmente. Esta forma de citación presenta similitud con la contenida en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil venezolano. f) En el procedimiento en el cual fue proferida la sentencia, se aseguró la defensa de las partes. En efecto, en ella consta que “la señora demandada compareció al proceso asistida de apoderado, dándole respuesta a la demanda”. Asimismo, se constata que se agotó el lapso probatorio y se concedió el tiempo necesario para que fueran presentadas “las alegaciones finales”. g) El fallo del 15 de octubre de 1979 tiene fuerza de cosa juzgada en el Estado en el que fue expedido. h) La sentencia en cuestión no contraría los principios y las leyes de orden público venezolano.

CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia del 15 de octubre de 1979 dictada por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, Colombia, que decretó la separación de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal formada por el matrimonio contraído por JOSÉ ANTONIO BAZURTO BELMONTE y GLORIA ROSA TAPIAS; declaró disuelta y en estado de liquidación la mencionada sociedad conyugal y ordenó proceder a liquidarla. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.