Sentencia N° 1074 Político-Administrativa TSJ 2000: Inmobiliaria Carf, S.A. vs Wyliam Galardi Pinto — Regulación de jurisdicción…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por la sociedad mercantil 'Inmobiliaria Carf, S.A.' contra el ciudadano Wyliam Galardi Pinto. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento, independientemente de la naturaleza de la acción y de que la consecuencia sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato. Se confirmó la decisión impugnada del Tribunal de la causa, que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción alegada por el demandado. Además, se impuso una multa al demandado por la presentación de una regulación de jurisdicción manifiestamente infundada y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Bolivar por faltas a los deberes procesales del abogado del demandado.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, por el supuesto vencimiento del término del mismo, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por sociedad mercantil 'Inmobiliaria Carf, S.A.' contra el ciudadano Wyliam Galardi Pinto. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 14 de febrero de 2000. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a la ciudadano Wyliam Galardi Pinto, titular de la cédula de identidad número 11.724.679, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Bolivar, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Joel J. Freites Rivero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 44.794, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.