Sentencia N° 1072 Político-Administrativa TSJ 2000: Distribuidora de Alimentos Papasam C.A. vs Pdvsa Petróleo y Gas, S. A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia para conocer de la causa presentada por Distribuidora de Alimentos Papasam C.A. contra PDVSA Petróleo y Gas, S.A. La demanda se basa en daños y perjuicios contractuales derivados de un contrato de venta de papas. La Sala analiza si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para aceptar la competencia, concluyendo que se satisfacen las condiciones necesarias.

Para decidir, esta Sala observa: Efectivamente, el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente establece que es competencia de esta Sala Político-Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad”. Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor del Tribunal Supremo de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa: En primer término, la demanda ha sido intentada contra PDVSA Petróleo y Gas S.A., empresa ésta que pertenece íntegramente al Estado Venezolano, siendo evidente la injerencia de éste en la toma de decisiones y funcionamiento de aquella empresa, con lo cual se considera satisfecho el primer requisito, y así se declara. En segundo término, se observa que la demanda ha sido estimada por el actor en cuatrocientos noventa y ocho millones seiscientos diez y ocho mil, setecientos setenta bolívares (Bs. 498.618.770,oo), cantidad que supera el límite mínimo de cinco millones (5.000.000,oo) establecido por la norma. Así se declara. Por último, con respecto al tercer requisito, se observa que la acción incoada es una demanda por daños y perjuicios contractuales, la cual se tramita por el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, con lo cual se considera satisfecha la tercera circunstancia de que la acción no esté atribuida a ninguna otra autoridad. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 ejusdem y el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, ordena remitir los autos al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda, previo el examen de todos los requisitos de Ley, con excepción del de la competencia ya decidido en este fallo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación. Cúmplase lo ordenado.