Sentencia N° 1070 Político-Administrativa TSJ 2000: Celestino Yanez Caría vs Felicidad del Carmen Rizales de García

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de autoridades en el Municipio Guanta del Estado Anzoátegui, donde el Alcalde suspendido, Celestino Yanez Caría, solicitó la declaración de su legitimidad. La Sala determinó que el caso tiene carácter electoral y, por lo tanto, declinó su competencia a la Sala Electoral, ordenando el envío de las actuaciones correspondientes. La decisión se fundamenta en la necesidad de mantener el orden institucional y la legitimidad de las autoridades municipales.

El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada, mediante referendo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho Texto Fundamental dispone, en su artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia así como de las distintas Salas que lo integran, y otorga a cada una de ellas ciertas competencias, dejando a cargo de la respectiva ley orgánica, la distribución de aquellas no atribuidas expresamente. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado en todos sus poderes, debe este Supremo Tribunal continuar son su labor de máximo administrador de justicia. Así, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley reguladora de las funciones de este Tribunal Supremo de Justicia, las distintas Salas se encuentran en la obligación de conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por la extinta Corte Suprema de Justicia, así como los que ingresen, atendiendo principalmente a la afinidad existente entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de ellas. En virtud de lo anterior, debe precisarse si el presente caso, referido a un conflicto de autoridades suscitado en el Municipio Guanta del Estado Anzoátegui, está vinculado con las materias que en esta Sala se ventilan. En tal sentido, este Alto Tribunal, en sentencia del 17 de febrero de 2000, registrada bajo el Nro. 179, se pronunció acerca de la competencia de las Salas Electoral y Político-Administrativa para conocer de los conflictos institucionales a que se refiere el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. En esa oportunidad, se estableció una clara diferencia entre los conflictos originados entre distintas autoridades locales con motivo de la ejecución de las potestades públicas que le son inherentes, y aquellos relacionados con la determinación de las autoridades legítimas de esas entidades territoriales, supuesto éste que guarda estrecha relación con el ejercicio del Poder Electoral cuyas funciones se encuentran consagradas en el artículo 293 del Texto Fundamental.

Consecuente con lo anteriormente expuesto, y como se evidencia que el caso sub iudice es de carácter electoral, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA la competencia para conocer y decidir la presente causa, en la Sala Electoral de este Máximo Tribunal. En tal virtud, se ordena remitir de inmediato las actuaciones a fin de que la misma provea lo que estime conducente. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.