Sentencia N° 1065 — Sala Político Administrativa del TSJ, 27 de octubre de 2010

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente el desistimiento tácito de la apelación ejercida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, argumentando que la decisión podría afectar los intereses patrimoniales de la República. Se destacó que la apelación involucraba elementos de orden público, lo que justificaba el control de la legalidad de la decisión impugnada.

Esta Sala en la sentencia Nº 01856 de fecha 16 de diciembre de 2009 declaró improcedente el desistimiento de la apelación ejercida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, con fundamento en el evidente orden público involucrado. Observa la Sala que la accionada es una persona jurídica de derecho público, creada según Decreto Nº 3.228 de fecha 28 de octubre de 1993, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.649 Extraordinario del 19 de noviembre de 1993, derogado por el Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras Nº 1.526 del 3 de noviembre de 2001 (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.555 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001), reformada parcialmente según el Decreto Nº 6.287, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 Extraordinario del 31 de julio de 2008). Por lo tanto, se destacó en el citado fallo que la decisión que recaiga en el presente caso podría afectar los intereses patrimoniales de la República.

Por las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el desistimiento tácito de la apelación ejercida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia del presente fallo a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado.