La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de nulidad y acción de amparo cautelar interpuesto por la sociedad mercantil SERENOS REPÚBLICA, C.A. contra una providencia administrativa que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido reenganche y pago de salarios caídos. La Sala consideró necesario diferir el pronunciamiento sobre la admisión del recurso hasta que se determine el tribunal competente para conocer la acción principal. Se enfatizó la importancia de la tutela judicial efectiva y la celeridad en el trámite de amparo.
Extracto de la motiva
Atendiendo a tales consideraciones, estimó la Sala que en tanto se sancione la nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta especial figura, es necesaria la inaplicación del trámite previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que el mismo es contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo cual no es óbice para que continúen aplicándose las reglas de procedimiento contenidas en dicha ley, en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en todo decreto de amparo.
Dispositiva
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, acuerda DIFERIR el pronunciamiento respecto a la admisión del recurso de nulidad incoado conjuntamente con acción de amparo cautelar por los abogados Carmen Luisa Martínez Marín y Reynaldo Martínez Díaz, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil SERENOS REPÚBLICA, C.A., contra la Providencia Administrativa N° 155-04 de fecha 06 de enero de 2004, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de calificación de despido reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Oscar Alexander Rubio Torres, contra la referida empresa; hasta tanto se determine cuál es el tribunal competente para conocer la acción principal.