Sentencia N° 1048 Político-Administrativa TSJ 2001: GLADYS PIMENTEL DE VILAGUT y ELBA PIMENTEL… vs Darío Arboleda

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de la acción de desocupación de inmueble interpuesta por las ciudadanas Gladys Pimentel de Vilagut y Elba Pimentel Martínez. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para decidir sobre la acción de resolución de contrato de arrendamiento, a pesar de la alegación de falta de jurisdicción por parte del demandado, quien argumentó que la acción debía ser tramitada ante la Alcaldía del Municipio Autónomo Brión del Estado Miranda. La Sala confirmó la decisión del tribunal de instancia que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción opuesta, argumentando que la acción de desocupación es asimilable a una acción de resolución, y que corresponde a los órganos jurisdiccionales conocer y decidir sobre este tipo de acciones. Además, se impuso una multa al demandado por haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción infundada, y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Miranda por las faltas procesales del abogado del demandado. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente al tribunal de origen para el cumplimiento de lo decidido.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por las ciudadanas GLADYS PIMENTEL DE VILAGUT y ELBA PIMENTEL MARTÍNEZ, en su propio nombre y en representación de sus hermanos, los ciudadanos MILAGROS PIMENTEL MARTÍNEZ, LUIS PIMENTEL MARTÍNEZ, ESPERANZA PIMENTEL MARTÍNEZ y ARGENIS PIMENTEL MARTÍNEZ contra el ciudadano DARÍO ARBOLEDA, antes identificados. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 27 de enero de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado Jorge Tamí Maury, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 36.042, abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Miranda, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del mencionado abogado, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.