Sentencia N° 1003 — Sala Político Administrativa del TSJ, 13 de junio de 2007

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Coronel (Av) Pedro Vicente Soto Fuentes contra la denegatoria tácita del recurso de reconsideración contra la Resolución N° DG-14993, que ordenó su pase a retiro. La Sala considera que el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 tiene rango de ley y que su no publicación no impidió su conocimiento por los interesados. Además, se desestiman las alegaciones de violación a la presunción de inocencia y a la irretroactividad de la ley, concluyendo que el acto administrativo impugnado es firme.

La Sala ha establecido que en virtud de su origen histórico, el Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6 no posee rango sublegal, y dada su estructura y finalidad, la cual responde a las notas de un Decreto-Ley, resulta equiparable en el rango normativo actual con las conocidas leyes formales. De allí que para esta Sala, el hecho de que el referido cuerpo normativo haya sido denominado “reglamento”, no comparte esa naturaleza, antes bien se considera así llamado a los solos efectos nominales, aun cuando su naturaleza lo eleva al rango de ley. En este sentido, se reitera que la no publicación del comentado Reglamento en el órgano oficial de la República no ha impedido su conocimiento por parte de los interesados, habiendo sido éste aplicado a sus destinatarios y normado por más de cincuenta años la conducta esperada de los miembros de la Fuerza Armada Nacional.

1.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Coronel (Av) PEDRO VICENTE SOTO FUENTES, contra la denegatoria tácita, en virtud del silencio administrativo en el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° DG-14993 dictada en fecha 20 de febrero de 2002 por el Ministro de la Defensa, mediante la cual se ordenó el pase a retiro como medida disciplinaria. En consecuencia, se declara FIRME el acto administrativo impugnado. 2.- IMPROCEDENTE la indemnización por daño moral.