Sentencia N° 100 Político-Administrativa TSJ 2000: Francesco Caltagirone y Liboria Miceli de… vs Julio Marx Gómez Godoy
TSJ/SPA, Sent. N° 00100, Exp. 15337, 02/02/2000 · 2 de febrero de 2000
Expediente15337
Parte actora / solicitanteFrancesco Caltagirone y Liboria Miceli de Caltagirone
Parte demandada / contraparteJulio Marx Gómez Godoy
PonenteLEVIS IGNACIO ZERPA
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoNulidad
Fecha de la decisión2000-02-02
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un caso de desalojo. Los demandantes, Francesco Caltagirone y Liboria Miceli de Caltagirone, habían solicitado la ejecución de un acto administrativo que autorizaba el desalojo de su arrendatario, Julio Marx Gómez Godoy. La Sala determinó que corresponde al Poder Judicial conocer y decidir sobre la acción de desalojo, revocando la decisión del tribunal inferior que se había declarado incompetente.
Extracto de la motiva
La doctrina de esta Sala, que nuevamente se reitera en esta oportunidad, es que corresponde a los órganos del Poder Judicial la jurisdicción para conocer asuntos como el de autos debido a que, cuando la Administración emite un acto autorizatorio para proceder al desalojo de un inmueble, este acto simplemente lo que hace es autorizar al arrendador para que acuda ante la jurisdicción ordinaria y en ningún momento constituye obligación alguna de desalojar por parte de la misma Administración de la cual emana el acto. Ahora bien, por tener el acto emanado de la Administración carácter autorizatorio, el mismo carece de ejecutoriedad, lo que le impide a la Administración autora del mismo proceder a exigir su cumplimiento, correspondiéndole, por el contrario, al Poder Judicial la jurisdicción para resolver sobre su ejecución. Así se declara. Debe advertir la Sala que en el caso subiudice, como se evidencia del estudio de los autos, es un recurso de falta de jurisdicción, ya que se trata de los supuestos previstos en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. Resulta evidente que el Juez confundió las figuras procesales de regulación de jurisdicción y regulación de competencia. En el presente caso el Juez a quo incurre en grave error al confundir los conceptos de jurisdicción y competencia, por lo tanto, es oportuno aclarar los conceptos jurídicos en referencia, que hasta el siglo XIX, los conceptos de jurisdicción y competencia aparecían como sinónimos. Indistintamente se aludía a la falta de jurisdicción como falta de competencia en sentido material, o en sentido territorial, o aún para referirse a la función. Pleonásticamente se llegó a hablar de incompetencia de jurisdicción. En el siglo XX, se ha superado este equívoco y la competencia fue considerada como medida de jurisdicción, es decir, la fracción de la jurisdicción atribuida a un juez. En efecto, la jurisdicción es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. La jurisdicción es el todo; la competencia es la parte: un fragmento de la jurisdicción. La competencia es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico: aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional. Se trata en definitiva de dos figuras procesales distintas.
Dispositiva
Consecuente con los criterios antes expuestos esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de la acción que por desalojo han ejercido, a través de apoderado judicial, los ciudadanos Francesco Caltagirone y Liboria Miceli de Caltagirone, contra su arrendatario el ciudadano Julio Marx Gómez Godoy, que cursa ante el Juzgado Segundo de Parroquia del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y se revoca la decisión dictada por éste el día 9 de noviembre de 1998. Remítase el expediente al Juzgado consultante a los fines de que continúe el procedimiento conforme a las previsiones del ordinal 1º del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
desalojojurisdiccióncompetenciaCódigo de Procedimiento Civilactos administrativosPoder Judicialarrendamiento