Sentencia N° 9 Plena TSJ 2001: Fiscal III DEL Ministerio Público vs José Alberto Galíndez — Sobreseimiento en caso de antejuicio…

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de sobreseimiento presentada en relación con el ciudadano José Alberto Galíndez, quien se desempeñaba como Gobernador del Estado Cojedes. La Sala determinó que no procede la continuación del trámite del antejuicio de mérito, dado que el demandado dejó de ostentar dicho cargo, lo que implica que no se puede aplicar el dispositivo consagrado en el artículo 266 de la Constitución. En consecuencia, se ordenó la remisión del expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes para su distribución y continuación del procedimiento correspondiente.

Antes de entrar a conocer de la solicitud de sobreseimiento, debe esta Sala examinar lo relativo a su competencia y, en tal sentido, luego de un análisis de las actas remitidas observa: El conocimiento de los hechos llegó al Juzgado de Primera Instancia de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes por denuncia del Ministerio Público, el cual solicitó sobreseimiento de la causa de conformidad con lo establecido en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal. La persona imputada en la causa poseía para la fecha de la denuncia la cualidad de Alto Funcionario, por cuanto se desempeñaba como Gobernador del mencionado Estado. Ahora bien, tal como lo señalaran en su oportunidad, tanto el Juez de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes al declinar la competencia y la Sala de Casación Penal de este máximo Tribunal, en la cual efectuó su declinatoria ciertamente la competencia para declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento del Presidente de la República o de quien haga sus veces y de los altos funcionarios del Estado corresponde al Máximo Tribunal, previa querella del Fiscal General de la República, según atribución que le otorga expresamente el numeral 3 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, en fecha 1º de julio de 1999 entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, el cual preceptúa en su artículo 377 que corresponde a la Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de Justicia- previa querella del Fiscal General de la República, declarar si existen o no méritos para el enjuiciamiento de los altos funcionarios del Estado mencionados en el artículo 381 eiusdem. Por su parte, el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (numeral 3) señala que... Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia... 3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o Fiscala General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales u oficialas generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o Fiscala General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara que no procede la continuación del trámite del antejuicio de mérito contra el ciudadano JOSE ALBERTO GALÍNDEZ. En consecuencia, se ORDENA la remisión del expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los fines de su distribución y continuación de la presente causa en el Juzgado que le corresponda asumir su conocimiento, de conformidad con el artículo 507, ordinal 1º del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase.