Sentencia N° 84 — Sala Plena del TSJ, 23 de octubre de 2013

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, declara con lugar la solicitud de sobreseimiento presentada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en relación a la denuncia interpuesta contra Diosdado Cabello Rondón por presunta malversación de fondos públicos. La Sala concluye que los hechos denunciados no constituyen delito, ya que la transferencia de recursos se realizó conforme a la normativa vigente y no se evidenció daño alguno al patrimonio público ni a la prestación de servicios públicos.

La transferencia de recursos a que se contrae la investigación fiscal contenida en el presente expediente, no reviste carácter penal o delictivo, toda vez que es la materialización de una operación financiera subsumida en el marco regulatorio de la actividad presupuestaria y financiera del sector público; por cuya razón, la fundamentación de la petición de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido que se proceda a declarar el 'SOBRESEIMIENTO de la investigación N° 01-F65-NN-0010-10' en un todo de acuerdo con lo contemplado en el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, es jurídicamente procedente.

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer la solicitud de SOBRESEIMIENTO planteada por la ciudadana Fiscal General de la República. 2. CON LUGAR la solicitud planteada por la Fiscal General de la República y, en consecuencia, el SOBRESEIMIENTO de la causa iniciada con ocasión de la denuncia de fecha trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009), formulada por el abogado Rafael David Guzmán Reverón, actuando con el carácter de Procurador del Estado Bolivariano de Miranda, contra el ciudadano Diosdado Cabello Rondón, quien actualmente ocupa el cargo de Diputado Presidente de la Asamblea Nacional, por la supuesta comisión del delito de MALVERSACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 56 de la Ley Contra la Corrupción, durante su desempeño como Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda.