Sentencia N° 77 Plena TSJ 2000: Guillermo A. Palacios C. vs Miguel Díaz Sánchez — Antejuicio de mérito contra Miguel Díaz Sánchez

El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la existencia de mérito para enjuiciar al Senador Miguel Díaz Sánchez por presuntos delitos de lucro de funcionario y tráfico de influencias. Se determinó que, dado que el ciudadano no ostenta actualmente un cargo parlamentario, el antejuicio de mérito es inadmisible. La decisión se basa en la falta de competencia del Tribunal para conocer del caso debido a la disolución del Congreso y la ausencia de privilegios de inmunidad parlamentaria.

Corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, pronunciarse respecto de si existe mérito o no para enjuiciar al Senador MIGUEL DÍAZ SÁNCHEZ, por la presunta comisión de los delitos de lucro de funcionario, y tráfico de influencias, previstos en los artículos 64 y 72 respectivamente, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Sin embargo, previo a cualquiera otra consideración, este Tribunal Supremo debe determinar su competencia para conocer del asunto. A tales efectos, se observa: El 30 de diciembre de 1999, fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.860, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada mediante el Referéndum Consultivo, celebrado el 15 del mismo mes y año. Dicha Constitución consagra en su Título V, la Organización del Poder Nacional, y regula en el Capítulo III: “Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia”, todo lo referente a la conformación del Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que “El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Políticoadministrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica....” Por su parte, la Carta Magna de la República, en el artículo 266 establece las distintas competencias de este Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, en los términos siguientes: “Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (...omissis...) 3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuera el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva. (...omissis...) La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en la Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5, en Sala Político-administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que no procede la continuación del trámite del antejuicio de mérito contra el ciudadano MIGUEL DÍAZ SÁNCHEZ. En consecuencia, se ORDENA remitir el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines de su distribución y continuación de la presente causa en el Juzgado que le corresponda asumir su conocimiento, de conformidad con el artículo 507 ordinal 1º del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese y regístrese. Remítase.