Sentencia N° 67 Plena TSJ 2000: Didalco Bolivar vs Antonio ARANGUREN LUZARDO — Antejuicio de mérito contra Antonio Aranguren…

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la procedencia del antejuicio de mérito solicitado contra Antonio Aranguren Luzardo, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito y recibo de utilidades no debidas. La Sala determinó que, dado que el acusado había cesado en su función pública, no procedía continuar con el antejuicio. Se ordenó remitir el expediente al Fiscal General de la República para la investigación correspondiente.

1. Corresponde a este Tribunal, como punto previo, pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la acusación interpuesta y, a tal efecto observa: La acusación objeto de la presente decisión fue interpuesta en fecha 9 de agosto de 1988, momento en el cual se encontraba vigente el Código de Enjuiciamiento Criminal y la Constitución de la República de 1961, ambos derogados; y, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. El ordinal 2º del artículo 215 de la derogada Constitución, atribuía a la Corte Suprema de Justicia: “Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los miembros del Congreso o de la propia Corte, de los Ministros, el Fiscal General, el Procurador General o el Contralor General de la República, los Gobernadores y los Jefes de Misiones diplomáticas y, en caso afirmativo, pasar los autos al Tribunal ordinario competente, si el delito fuere común, o continuar conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva, cuando se trate de delitos políticos, salvo lo dispuesto en el artículo 144 con respecto a los miembros del Congreso.”. Posteriormente, estando la presente causa en etapa de decisión, el 1° de julio de 1999, entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, el cual, en el mismo sentido que las normas jurídicas anteriormente citadas, le atribuye a la Corte Suprema de Justicia, la competencia para declarar si hay o no mérito para enjuiciar, entre otros, a los gobernadores y diputados del Congreso, conforme a lo previsto en el artículo 377, en concordancia con la disposición contenida en el artículo 381 ejusdem. En el mismo estado de la causa, el 30 de diciembre de 1999, entró en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual dispuso la creación de este Tribunal Supremo de Justicia y determinó su funcionamiento en las siguientes Salas: Plena, Constitucional, PolíticoAdministrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social (artículo 262), atribuyéndole la competencia para declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los altos funcionarios (entre ellos, los gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional), a la Sala Plena, conforme a lo previsto en el numeral 3 y último aparte de su artículo 266. Bajo las anteriores premisas, y siendo que la presente causa tiene por objeto declarar si hay o no mérito para enjuiciar al ciudadano Antonio ARANGUREN LUZARDO, quien para la fecha de la presunta comisión de los delitos por los cuales fue acusado, se encontraba en ejercicio del cargo de Gobernador del Estado Aragua y posteriormente para la fecha de presentación de la acusación se desempeñaba como Diputado al Congreso de la República por el mismo Estado; le estaba atribuida la competencia a la Corte Suprema de Justicia en Pleno para conocer de la presente causa hasta la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la cual, corresponde a esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocer y decidir la misma y, en tal virtud, asume la competencia. Así se decide.

Por los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA NO PROCEDE CONTINUAR EL ANTEJUICIO DE MÉRITO al ciudadano Antonio ARANGUREN LUZARDO, instada mediante acusación por el ciudadano Didalco BOLÍVAR, por la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en razón de haber cesado en su función pública; y ORDENA remitir las presentes actuaciones al Fiscal General de la República, por disposición del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 296, ordinal 2° ejusdem. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Fiscal General de la República.