Sentencia N° 59 Plena TSJ 2000: Israel Alvarez De Armas vs Pedro J. Mantellini González — Antejuicio de mérito contra Fiscal…

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la existencia de mérito para enjuiciar al Fiscal General de la República, Pedro J. Mantellini González, a raíz de una denuncia presentada por Israel Alvarez De Armas. La Sala determinó su competencia para conocer el caso y concluyó que el antejuicio de mérito era inadmisible, dado que el denunciado ya no ocupaba el cargo al momento de la decisión. Por lo tanto, se declaró que no procede continuar con el antejuicio propuesto.

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de si existe mérito o no para enjuiciar a quien en 1981 ocupara el cargo de Fiscal General de la República, ciudadano Pedro J. Mantellini González, por presunta denegación de justicia; pero de manera previa, debe determinar su competencia para conocer de la materia planteada en autos. Al respecto, este Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, observa lo siguiente: El día 30 de diciembre de 1999, fue publicada en la Gaceta Oficial n° 36.860, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada mediante el Referéndum Consultivo celebrado el día 15 de diciembre de 1999. Este nuevo Texto Fundamental plantea en su Título V (“De la Organización del Poder Público Nacional”), Capítulo III ("Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia"), la conformación del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, de manera específica el artículo 262 de la vigente Constitución, establece que “El Tribunal Supremo de Justicia, funcionará en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Político administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica. (…)” Por su parte, la Constitución en el artículo 266 establece las distintas competencias de este Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, en los términos siguientes: “Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva. 3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuera el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva. (…) La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5, en Sala Políticoadministrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara no procede continuar el antejuicio de mérito propuesto en autos, relacionado con la denuncia interpuesta por el ciudadano ISRAEL ALVAREZ DE ARMAS ante la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno, contra el ciudadano PEDRO J. MANTELLINI GONZÁLEZ, quien se desempeñaba en el cargo de Fiscal General de la República, por la presunta violación del artículo 220, ordinales 1º, 3º y 5º de la Constitución de 1961; de los artículos 6, ordinales 1º, 7º y 8º, y 39, ordinales 3º y 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; y los artículos 93, ordinal 2º, 102 y 374 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase al Fiscal General de la República.