Sentencia N° 50 Plena TSJ 2000: María E. Otaiza Mejías — Declinación de competencia en recurso de nulidad por…

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre un recurso de nulidad por inconstitucionalidad presentado por María E. OTAIZA MEJÍAS contra un decreto cautelar de protección al sistema judicial. La Sala establece que, conforme a la nueva Constitución, la Sala Constitucional es la competente para conocer de estos recursos, declinando así su competencia a dicha Sala. La decisión se fundamenta en la necesidad de asegurar el control de la constitucionalidad de los actos del Poder Público.

Este Máximo Tribunal observa que el segundo aparte del artículo 334 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, consagra expresamente lo siguiente: “...(Omissis) Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley”. Es decir que, conforme al nuevo orden constitucional es la Sala Constitucional, como tribunal especializado de la jurisdicción constitucional, la que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad, control que antes ejercía la Corte en Pleno, conforme a la Constitución de 1961, en la cual se le atribuía el control concentrado de la constitucionalidad de ciertos actos como eran los referidos en los ordinales 3º, 4º y 6º. del artículo 215 eiusdem. Ciertamente, el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y otros actos con rango de ley, constituye uno de los procesos constitucionales típicos que se desarrollan ante la jurisdicción constitucional y que, dada la creación de la Sala Constitucional, debe llevarse ante la misma. Esta competencia se extiende conforme al Texto Constitucional vigente, a los siguientes actos: Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley dictados por la Asamblea Nacional, Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional.

En virtud de lo expuesto, este Máximo Tribunal observa que la propia Sala Constitucional, mediante decisión vinculante -como expresamente lo expone en la sentencia citada supra- considera que uno de los procesos constitucionales que se llevan ante la jurisdicción constitucional es, precisamente, el control de la constitucionalidad de las leyes y otros actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, así como de los actos con rango de ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 335 y 336 de la Constitución, en concordancia con el numeral 1 del artículo 266 eiusdem. Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA, para conocer y decidir la presente acción, en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.