Sentencia N° 5 Plena TSJ 2000: Maritza Lopez Conde Gonzalez vs Inspector General de Tribunales del Consejo…

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre su competencia para conocer un recurso contencioso administrativo de nulidad por ilegalidad y acción de amparo. Se determinó que el acto administrativo impugnado era de rango sublegal y que la competencia para conocer de este tipo de recursos corresponde a la Sala Político Administrativa, no a la Sala Plena. Por lo tanto, se declaró incompetente para conocer del recurso interpuesto y se declinó el conocimiento a la Sala Político Administrativa.

La vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la distribución de otras no atribuidas expresamente. En este sentido, de un examen al texto completo de las disposiciones contenidas de la Carta Fundamental, esta Sala Plena considera menester enumerar las atribuciones y competencias que el referido texto normativo le ha otorgado a esta Sala, así como también considera necesario determinar las atribuciones que no coliden con las disposiciones constitucionales y conferidas a este Tribunal en Pleno en la vigente Ley Orgánica que rige sus funciones, enumeración que efectúa de la manera siguiente: Conocer de los presuntos delitos cometidos por miembros de la Asamblea Nacional; ordenar la detención de los mismos y continuar su enjuiciamiento - previa autorización de la Asamblea Nacional -; Declarar si hay mérito o no, para el enjuiciamiento del Presidente de la República y, continuar, de ser el caso, conociendo la causa hasta sentencia definitiva - previa autorización de la Asamblea Nacional -; Impulsar la formación de las leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales; Designar al Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo que representará al Poder Judicial, en los procedimientos de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, cuando la consulta la formule la Asamblea Nacional; Impartir el juramento y la toma de posesión al Presidente de la República, cuando éste no pudiere hacerlo ante la Asamblea Nacional; Decretar la destitución del Presidente de la República; Crear la “Dirección Ejecutiva de la Magistratura” y sus oficinas regionales, para la coordinación de la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial; Emitir pronunciamiento previo en relación a la remoción de los integrantes del Poder Ciudadano, que efectuará, si es el caso, la Asamblea Nacional; Declarar si hay mérito o no, para el enjuiciamiento de los siguientes funcionarios: Vicepresidente de la República, Miembros de la Asamblea Nacional, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Ministros, Procurador General de la República, Fiscal General de la República, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Gobernadores, Oficiales y Almirantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, Jefes de Misiones Diplomáticas.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad por ilegalidad conjuntamente con acción de amparo, ejercido por el abogado Pedro José Rodríguez Ríos, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana MARITZA LOPEZ CONDE GONZALEZ, contra el “Acto Administrativo dictado por el Inspector General de Tribunales del Consejo de la Judicatura, en decisión de fecha 13 de octubre de 1.999”, que acordó la suspensión cautelar del cargo que ostentaba como Juez del Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Consecuentemente, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente acción en la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.