Sentencia N° 36 Plena TSJ 2000: Jose Rafaél Rodriguez Avilan — Recurso de nulidad contra acto administrativo

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre un recurso de nulidad interpuesto por José Rafael Rodríguez Avilan contra un acto administrativo que lo suspendió de su cargo como Juez Provisorio. La Sala establece que, a pesar de la falta de una ley orgánica que regule sus funciones, debe continuar con su labor de administración de justicia, declinando la competencia para conocer del caso a la Sala Constitucional, conforme a lo establecido en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este Máximo Tribunal observa que el segundo aparte del artículo 334 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, consagra expresamente lo siguiente: “...(Omissis) Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley”. Es decir que, conforme al nuevo orden constitucional es la Sala Constitucional, como tribunal especializado de la jurisdicción constitucional, la que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad, control que antes ejercía la Corte en Pleno, conforme a la Constitución de 1961, en la cual se le atribuía el control concentrado de la constitucionalidad de ciertos actos como eran los referidos en los ordinales 3º, 4º y 6º del artículo 215 eiusdem.

En virtud de lo expuesto, este Máximo Tribunal observa que la propia Sala Constitucional, mediante decisión vinculante -como expresamente lo expone en la sentencia citada supra- considera que uno de los procesos constitucionales que se llevan ante la jurisdicción constitucional es, precisamente, el control de la constitucionalidad de las leyes y otros actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, así como de los actos con rango de ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 335 y 336 de la Constitución, en concordancia con el numeral 1 del artículo 266 eiusdem. Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA, para conocer y decidir la presente acción, en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.