Sentencia N° 35 — Sala Plena del TSJ, 1 de enero de 2012

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia entre tribunales agrarios y civiles. El caso se originó a raíz de una demanda por resolución de contrato de compra-venta interpuesta por Jairo Enrique Ponce Salazar contra el Banco Provincial S.A. Banco Universal. La Sala determinó que el tribunal competente para conocer del caso es el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dado que la naturaleza del litigio es agraria y se relaciona con la protección de actividades agrarias.

La presente causa se refiere específicamente, a la Resolución del Contrato de Compra-Venta, suscrito por BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL, en su carácter de vendedor y el ciudadano JAIRO ENRIQUE PONCE SALAZAR en su condición de comprador (…) sobre un inmueble constituido por un lote de terreno ubicado en el sitio general denominado ‘Gorrín’, constante de setecientas hectáreas (700 Has), con bienhechurías que conforman un fundo denominado ‘LA VERDOSA’ (…). (…) Se evidencia a los folios 44 al 57 decisión dictada por el Instituto Nacional de Tierras de fecha 16 de mayo de 2005, en la cual se desconoce en sede administrativa el documento constitutivo de hipoteca sobre el lote de terreno antes identificado y ordena aperturar un procedimiento de declaratoria de tierras ociosas o incultas. (…) Asimismo, el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil establece: ‘la competencia por el territorio puede derogarse por convenio de las partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como domicilio (…)’. En este sentido, el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano y de los Estados Miranda, Vargas y Amazonas, en sentencia de fecha 29 de junio de 2009, expresó lo siguiente: ‘Como consecuencia, de lo precedentemente expuesto este Juzgado Superior Primero Agrario se ve en el deber de desaplicar por control difuso de la constitucionalidad, el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, relacionado a la facultad otorgada a las partes de convenir el domicilio especial en el contrato celebrado (…) ya que en materia agrícola (…) las partes intervinientes en el contrato deben tomar en cuenta la ubicación del bien inmueble (…).Por lo que, se insta a los Juzgados de Primera Instancia Agraria a los fines que en futuras ocasiones (…) deben desaplicar la norma prevista en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil y cualquier cláusula contractual en relación al domicilio especial convenidos por las partes (…) y declinar la competencia al Juzgado agrario competente donde se encuentre el bien inmueble con producción agropecuaria (…)’, En este sentido, del contenido del contrato cuya resolución se pretende, se observa que el bien inmueble objeto de la venta se encuentra ubicado en el Municipio José Félix Ribas del estado Guárico, es decir, en una circunscripción distinta a la de esta instancia judicial. En tal razón y en virtud de los razonamientos antes expuestas, el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente caso es el Juzgado de primera Instancia Agraria del estado Guárico con sede de Valle de La Pascua.

PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer del conflicto negativo de competencia planteado en la presente causa. SEGUNDO: Que el órgano jurisdiccional COMPETENTE para conocer y decidir la presente demanda por resolución de contrato de compra venta interpuesto por el ciudadano JAIRO ENRIQUE SALAZAR PONCE contra el BANCO PROVINCIAL S.A BANCO UNIVERSAL, es el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.