Sentencia N° 30 Plena TSJ 2000: Carlos Guia Parra — La competencia del Tribunal Supremo de Justicia

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se declaró incompetente para conocer del recurso de apelación interpuesto por Carlos Guía Parra contra una resolución del Consejo de la Judicatura. La decisión se fundamenta en la redistribución de competencias establecida por la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que asigna a la Sala Político Administrativa la competencia para conocer de recursos de nulidad contra actos administrativos de carácter sublegal.

Vistas las atribuciones y competencias que bajo la nueva Constitución y las disposiciones de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal (no contrarias al Texto Fundamental) le han sido atribuidas a esta Sala Plena, y determinado como ha sido que de las mismas no se desprende en modo alguno que a dicho órgano jurisdiccional en Pleno le haya sido conferido competencia jurisdiccional para conocer de recursos como el caso de autos, es razón por la que, es meritorio expresar que siendo el elemento “competencial” de eminente orden público y condicionante para el conocimiento de las causas en juicio, debe este Supremo Tribunal, como máximo administrador de Justicia, proceder a determinar el órgano jurisdiccional competente para el conocimiento del recurso interpuesto, cuestión que efectúa en los términos siguientes: En el presente caso, se ha impugnado por razones de ilegalidad a un acto administrativo que, dentro de la ubicación de la estructura y jerarquía normativa, es de rango “sub-legal. En este sentido, en lo que se refiere a los actos estatales dictados en “ejecución indirecta y mediata” de la Constitución, la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal en fecha 14 de septiembre de 1993 en el caso “Carlos Andrés Pérez”, precisó lo siguiente: “En efecto, puede evidenciarse que según la distribución de competencias que establece la propia Ley Originaria para hacer efectiva la garantía objetiva de la Constitucionalidad en su artículo 216 (de la Constitución derogada), todas las acciones de nulidad interpuestas contra actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Carta Magna, y que -por tanto, desde el punto de vista de su rango, son equiparables a la ley - los cuales están comprendidos expresamente o implícitamente, como se ha dicho, en los ordinales 3º, 4º y 6º de su artículo 215 -, son del conocimiento exclusivo de la Corte Suprema de Justicia en Pleno; mientras que cuando se impugne un acto administrativo del Poder Público, de carácter general o particular, - pero de rango sublegal, realizado en función administrativa - por contrariedad al derecho - y aun por razones de inconstitucionalidad -, la competencia corresponderá siempre a un órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa” (Resaltado de la Sala). Al respecto, la Sala considera menester destacar que el propio texto de la Constitución, tanto la derogada como la recién entrada en vigencia, dispone, en sus respectivos artículos 206 y 259, que la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Máximo Tribunal y a los demás tribunales que determine la ley, los cuales son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso de “apelación” ejercido por el abogado CARLOS GUIA PARRA, titular de la cédula de identidad Nº 3.972.782, asistido por la abogada Ana Mercedes Díaz-Cardozo de Guía, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 29.431, contra la Resolución S/N de fecha 7 de octubre de 1999 dictada por la Presidenta del extinto Consejo de la Judicatura; el Presidente de la Sala Disciplinaria del mencionado órgano y el Inspector General de Tribunales, que acordó la suspensión cautelar del cargo que ejercía como Juez en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Transito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Consecuentemente, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente acción en la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal.