Sentencia N° 3 Plena TSJ 2000: Gloria Gonzalez Montero — Declinación de competencia en acción de amparo…

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por la Juez Décimo Octavo de Municipio, Gloria Gonzalez Montero, en contra de medidas cautelares relacionadas con la reorganización del Poder Judicial. La Sala establece que, conforme al nuevo orden constitucional, corresponde a la Sala Constitucional ejercer el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y otros actos con rango de ley. En virtud de ello, declina la competencia para conocer y decidir la acción presentada, remitiéndola a la Sala Constitucional.

Este Máximo Tribunal observa que el segundo aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra expresamente lo siguiente: ¨...(Omissis) Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley¨. Es decir que, conforme al nuevo orden constitucional, es la Sala Constitucional, como tribunal especializado de la jurisdicción constitucional la que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad, control que antes ejercía la Corte en Pleno, conforme a la Constitución de 1961, en la cual se le atribuía el control concentrado de la constitucionalidad de ciertos actos como eran los referidos en los ordinales 3º, 4º y 6º. del artículo 215 eiusdem. Ciertamente, el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y otros actos con rango de ley, constituye uno de los procesos constitucionales típicos que se desarrollan ante la jurisdicción constitucional y que, dada la creación de la Sala Constitucional, debe llevarse ante la misma. Esta competencia se extiende conforme al Texto Constitucional vigente a los siguientes actos: Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley dictados por la Asamblea Nacional, Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional. Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público. (Vid. numerales 1 al 4 del artículo 336 de la Constitución).

En virtud de lo expuesto, este Máximo Tribunal observa que la propia Sala Constitucional, mediante decisión vinculante -como expresamente lo expone en la sentencia citada supra- considera que uno de los procesos constitucionales que se llevan ante la jurisdicción constitucional es, precisamente, el control de la constitucionalidad de las leyes y otros actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, así como de los actos con rango de ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 335 y 336 de la Constitución, en concordancia con el numeral 1 del artículo 266 eiusdem. Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA, para conocer y decidir la presente acción, en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones, junto con oficio, a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.