Sentencia N° 28 Plena TSJ 2001: ANA CECILIA LÓPEZ GIL DE ROSALES y LUIS… vs Didalco Bolívar Graterol — Remisión de expediente al…

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la solicitud de antejuicio de mérito presentada por los ciudadanos Ana Cecilia López Gil de Rosales y Luis Rosales Medrano contra el Gobernador del Estado Aragua, Didalco Bolívar Graterol, decidió remitir el expediente al Fiscal General de la República. La decisión se fundamenta en la falta de mérito para el enjuiciamiento del Gobernador, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 1º de julio de 1999, entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, cuyo artículo 501 dispone que quedan expresamente derogados "...el Código de Enjuiciamiento Criminal promulgado el 13 de julio de 1926, reformado parcialmente por leyes del 5 de agosto de 1954, del 26 de junio de 1957, del 27 de enero de 1962 y del 22 de diciembre de 1995, y los procedimientos especiales contemplados en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y cualesquiera otras disposiciones de procedimiento penal que se opongan a este Código." El artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que "Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso..." La antigua Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en criterio establecido, entre otras decisiones, en sentencia de fecha 26 de octubre de 1999, expresó: "De conformidad con lo dispuesto en las citadas disposiciones la Corte en Pleno deberá dar inmediato cumplimiento a las contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal, y en este sentido observa: De conformidad con lo previsto en el artículo 377 del Código Procesal Penal es atribución de la Corte Suprema de Justicia declarar, previa querella del Fiscal General de la República, si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga sus veces y de los altos funcionarios del Estado, mencionados en el artículo 381 del citado Código y en el 215, ordinal segundo de la Constitución de la República, es decir, miembros del Congreso, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros, el Fiscal General, el Procurador General o el Contralor General de la República, los Gobernadores y los Jefes de las Misiones Diplomáticas de la República.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ORDENA remitir el expediente al Fiscal General de la República, a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y cúmplase.