Sentencia N° 23 — Sala Plena del TSJ, 27 de septiembre de 2016

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de aclaratoria de la sentencia número 72, dictada el 29 de junio de 2016 y publicada el 27 de septiembre de 2016, en un caso de desalojo. Se determinó que la solicitud era improcedente, ya que no existían puntos dudosos en el fallo que justificaran la aclaratoria. Además, se sancionó al abogado Alejandro Rodríguez Rojas con una multa por su conducta inapropiada al dirigirse a la Sala.

La norma antes citada consagra el derecho que tienen las partes de solicitar la aclaratoria de puntos dudosos de una sentencia, omisiones, errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos y de dictar las ampliaciones a que hubiere lugar (vid. sentencia de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, número 516 del 1 de junio de 2000). Asimismo, la norma supra citada prevé que la oportunidad para solicitar tales aclaratorias o ampliaciones es el mismo día o el día siguiente a la publicación del fallo, lo cual, en los casos en que se requiera la notificación de las partes, equivale al mismo día o el siguiente en que conste en autos la última de ellas. En atención a lo anterior, pasa este órgano judicial a revisar en el presente caso el cumplimiento del aludido requisito de índole temporal, para lo cual observa que la sentencia con respecto a la cual se solicita la aclaratoria, fue dictada en fecha 29 de junio de 2016 y publicada el 27 de septiembre de 2016. Asimismo, el escrito de solicitud de aclaratoria fue presentado el día 28 de septiembre de 2016, en cumplimiento de lo establecido en el único aparte del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta tempestiva. Así se declara.

PRIMERO: Que es IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria del fallo número 72 dictado por esta Sala Plena el 29 de junio de 2016, publicado el 27 de septiembre de 2016. SEGUNDO: Se SANCIONA CON MULTA de cincuenta unidades tributarias (50 UT) al abogado Alejandro Rodríguez Rojas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 58.990; cuyo cumplimiento deberá acreditar de conformidad con el artículo 121, primer aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.