Sentencia N° 20 — Sala Plena del TSJ, 26 de noviembre de 2014

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Anzoátegui y el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental. La decisión se basa en la regulación de la competencia en virtud de la creación de tribunales contenciosos tributarios y la normativa aplicable en materia de ejecución de créditos fiscales. Se determinó que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Anzoátegui es el competente para conocer del recurso de invalidación interpuesto por los ciudadanos Rafael Quiñones Urbáez y Carmen Leonides Quiñones Miérez contra una sentencia anterior que ordenó la ejecución forzosa de un crédito fiscal.

El artículo 28 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan”. La norma citada impone el deber de examinar los motivos de hecho y de derecho en que fue soportada la demanda o el recurso respectivo, a los fines de determinar la competencia del tribunal que conocerá del caso en cuestión. A tal efecto, esta Sala Plena observa que el abogado Rafael Quiñones Urbáez, previamente identificado, actuando en su propio nombre y con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Leonides Quiñones Miérez en fecha 30 de noviembre de 2005 introdujeron recurso de invalidación y posterior reforma contra la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2003, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, mediante la cual “decretó la ejecución forzosa del crédito que mantenía la Sucesión de Rafael Aparicio Quiñones Figuera (causante de los demandantes) a favor del Fisco Nacional, por demanda interpuesta por El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ...”. Como fundamento del Recurso sostuvieron: Que no se verificó la debida citación de los miembros de la sucesión, por cuanto “…el alguacil consignó boleta firmada por el ciudadano Luis Enrique Quiñones Urbáez, quien no integra la sucesión…”. Y “…si se revisa la planilla de liquidación del impuesto de sucesiones quien figura es Luis Edgardo Quiñones Urbáez, quien se identifica con la cédula de identidad N° 4.507.855 y no con la que aparece estampada en la boleta del alguacil…”, aunado a que el juez a quo “...ordenó indebidamente la intimación de los demandados, en cualquiera de ellos, pues según el demandante tenían su domicilio en la población de Anaco, estado Anzoátegui, lo cual es falso… -según los recurrentes-…” dado que los actores en invalidación “…se domicilian, uno en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y el segundo en el Municipio Chacao del estado Miranda…, sin mencionar que la viuda del de cujus está domiciliada para la fecha en la ciudad de Maturín…”.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1) Que es COMPETENTE para conocer y decidir la solicitud de regulación de la competencia formulada de oficio, como consecuencia del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, y el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, con sede en la ciudad de Barcelona. 2) Que el TRIBUNAL COMPETENTE para conocer y decidir el recurso de invalidación es el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, extensión El Tigre.