Sentencia N° 18 Plena TSJ 2001: Eve Corvo Rivas vs Henrique Fernando Salas Feo — Antejuicio de mérito
TSJ/SP, Sent. N° 18, Exp. 193, 13/06/2001 · 13 de junio de 2001
Expediente193
Parte actora / solicitanteEve Corvo Rivas
Parte demandada / contraparteHenrique Fernando Salas Feo
PonenteDr. RAFAEL PÉREZ PERDOMO
MateriaPenal
Tipo de recursoAntejuicio
Fecha de la decisión2001-06-13
DecisiónSin Lugar
Resumen
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de antejuicio de mérito presentada por Eve Corvo Rivas contra el Gobernador del Estado Carabobo, Henrique Fernando Salas Feo, por presuntos delitos de difamación e injuria. La Sala determinó que corresponde al Fiscal General de la República decidir sobre el enjuiciamiento de altos funcionarios, y que la solicitud de la demandante no cumplía con los requisitos necesarios para su admisión.
Extracto de la motiva
La Sala, para decidir, observa: Establece el artículo 266, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, la de declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento, entre otros altos funcionarios, de los Gobernadores y Gobernadoras de los Estados. Por su parte, el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal prescribe que corresponde al máximo Tribunal, declarar, previa querella del Fiscal General de la República, si hay o no mérito para el enjuiciamiento de tales funcionarios y el artículo 30 ejusdem autoriza, igualmente, al Fiscal General para solicitar la declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento de estos elevados personeros del Estado. Las mencionadas disposiciones no hacen ningún distingo, respecto al antejuicio de mérito, en relación a si se trata de delitos de acción pública o de aquellos que, igualmente violatorios de un interés público, la ley reserva su enjuiciamiento a los particulares agraviados.
Dispositiva
Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena remitir el expediente al ciudadano Fiscal General de la República a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y archívese el expediente.