Sentencia N° 177 — Sala Plena del TSJ, 23 de mayo de 2007

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia surgido entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y el Juzgado Superior Quinto Agrario, ambos de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. El conflicto se originó a raíz de una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Municipio Maturín, presentada por el ciudadano Lesslie Antonio Pérez Sifontes, quien alegó daños por la demolición de su vivienda sin autorización legal. La Sala Plena determinó que la competencia para conocer de la demanda corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, con sede en Caracas, y resolvió el conflicto de competencia a favor de este tribunal.

El artículo 28 del Código de Procedimiento Civil dispone que 'La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan'. En cumplimiento de la referida norma, este Alto Tribunal constata del libelo que los apoderados judiciales del ciudadano LESSLIE ANTONIO PÉREZ SIFONTES, alegaron que el Municipio Maturín del Estado Monagas afectó 'en forma directa y decisiva a nuestro cliente, por haberle sido derruida la casi totalidad de la construcción que había erigido como vivienda para él y para su familia, al haberlo sacado en horas de la madrugada con su mujer e hijas y al lanzarlo a la calle sin contemplaciones ni legitimidad de ninguna especie'. Asimismo, señalaron que 'Se evidencia del libelo de la demanda que el interés legítimo de nuestro patrocinado, es decir ese derecho subjetivo invocado como fundamento de la acción cuya tutela se solicita del Juzgador, está determinado por el efecto jurídico que se pretende, el cual no es otro que la declaración de responsabilidad de la administración, y el pago de las correspondientes indemnizaciones, por estar inficionada su actuación con ilegalidades de forma y sustancia'. Por consiguiente, el ciudadano LESSLIE ANTONIO PÉREZ SIFONTES, demandó por intermedio de sus apoderados judiciales, la indemnización de los daños materiales y morales 'en que incurrió el Municipio Maturín del Estado Monagas, por haber ejecutado sin fórmula alguna de legalidad, la demolición de la construcción y las bienhechurías propiedad de nuestro mandante...'.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, declara: 1) Que es COMPETENTE para decidir el conflicto de competencia surgido entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con sede en Maturín, y el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil, Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental. 2) Que la COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, con competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase las presentes actuaciones, junto con oficio, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, con sede en Caracas.