Sentencia N° 13 Plena TSJ 2000: Gisela Aranda Hermida — Declinación de competencia en acción de amparo…

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Gisela Aranda Hermida, en su calidad de Juez Provisorio, contra un Decreto Cautelar de Protección al Sistema Judicial. La Sala determinó que, aunque no se ha dictado la ley orgánica reguladora de las funciones del Tribunal, este debe continuar con su labor de administración de justicia. Se precisó que la Sala Constitucional es la encargada de ejercer la jurisdicción constitucional y, por lo tanto, declinó la competencia para conocer el caso a dicha Sala.

Este Máximo Tribunal observa que el segundo aparte del artículo 334, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra expresamente lo siguiente: ¨...(Omissis) Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley¨. Es decir que, conforme al nuevo orden constitucional, es la Sala Constitucional, como tribunal especializado de la jurisdicción constitucional, la que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad, control que antes ejercía la Corte en Pleno, conforme a la Constitución de 1961, en la cual se le atribuía el control concentrado de la constitucionalidad de ciertos actos como eran los referidos en los ordinales 3º, 4º y 6º. del artículo 215 eiusdem. Ciertamente, el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y otros actos con rango de ley, constituye uno de los procesos constitucionales típicos que se desarrollan ante la jurisdicción constitucional y que, dada la creación de la Sala Constitucional, debe llevarse ante la misma. Esta competencia se extiende conforme al Texto Constitucional vigente a los siguientes actos: Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley dictados por la Asamblea Nacional, Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional. Declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público. (Vid. numerales 1 al 4 del artículo 336 de la Constitución). Asimismo, la Sala Constitucional, en decisión de fecha 20 de enero del 2000, caso: Emery Mata Millán, al interpretar su competencia constitucional, estableció, respecto al ejercicio de la jurisdicción constitucional, lo siguiente: ¨...En la recientemente promulgada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se creó el Tribunal Supremo de Justicia; a este Tribunal, por intermedio de su Sala Constitucional, le corresponde conforme a lo dispuesto en el último aparte del artículo 266 de la Constitución, ejercer la jurisdicción constitucional. Además las interpretaciones que haga la Sala Constitucional, en ejercicio de esa jurisdicción, son de carácter vinculante para las otras Salas de este Supremo tribunal y demás Tribunales de la República (como se desprende del contenido del artículo 335 ejusdem). La jurisdicción constitucional comprende, entre otros asuntos, no sólo declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango legal (artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), sino también la revisión de las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (numeral 10 del artículo 336 de la Constitución).

En virtud de lo expuesto, este Máximo Tribunal observa que la propia Sala Constitucional, mediante decisión vinculante -como expresamente lo expone en la sentencia citada supra- considera que uno de los procesos constitucionales que se llevan ante la jurisdicción constitucional es, precisamente, el control de la constitucionalidad de las leyes y otros actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, así como de los actos con rango de ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 335 y 336 de la Constitución, en concordancia con el numeral 1 del artículo 266 eiusdem. Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA, para conocer y decidir la presente acción, en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones, junto con oficio, a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.