Sentencia N° 12 Plena TSJ 2000: José Antonio Peñaranda — Competencia en recurso contencioso administrativo

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre su competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por José Antonio Peñaranda. Se determinó que la Sala Plena no tiene competencia para conocer de recursos de nulidad contra actos administrativos de rango sublegal, como el caso presente, que debe ser conocido por la Sala Político Administrativa. La decisión se fundamenta en la interpretación de la Constitución y la Ley Orgánica que rige las funciones del Tribunal.

La vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la distribución de otras no atribuidas expresamente. En este sentido, de un examen al texto completo de las disposiciones contenidas de la Carta Fundamental, esta Sala Plena considera menester enumerar las atribuciones y competencias que el referido texto normativo le ha otorgado a esta Sala, así como también considera necesario determinar las atribuciones que no coliden con las disposiciones constitucionales y conferidas a este Tribunal en Pleno en la vigente Ley Orgánica que rige sus funciones, enumeración que efectúa de la manera siguiente: (Competencias y atribuciones de la Sala Plena previstas en la Constitución aprobada mediante Referéndum y publicada en fecha 30 de diciembre de 1999) 1.- Conocer de los presuntos delitos cometidos por miembros de la Asamblea Nacional; ordenar la detención de los mismos y continuar su enjuiciamiento - previa autorización de la Asamblea Nacional -. Art. 200 CRBV. 2.- Declarar si hay mérito o no, para el enjuiciamiento del Presidente de la República y, continuar, de ser el caso, conociendo la causa hasta sentencia definitiva - previa autorización de la Asamblea Nacional -. Art. 266, numeral 2° CRBV. 3.- Impulsar la formación de las leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales. Art. 204, numeral 4° CRBV. 4.- Designar al Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo que representará al Poder Judicial, en los procedimientos de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, cuando la consulta la formule la Asamblea Nacional. Art. 211 CRBV. 5.- Impartir el juramento y la toma de posesión al Presidente de la República, cuando éste no pudiere hacerlo ante la Asamblea Nacional. Art. 231 CRBV. 6.- Decretar la destitución del Presidente de la República. Art. 233 CRBV. 7.- Crear la “Dirección Ejecutiva de la Magistratura” y sus oficinas regionales, para la coordinación de la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. Art. 267 CRBV. 8.- Emitir pronunciamiento previo en relación a la remoción de los integrantes del Poder Ciudadano, que efectuará, si es el caso, la Asamblea Nacional. Art. 279 CRBV. 9.- Declarar si hay mérito o no, para el enjuiciamiento de los siguientes funcionarios: Vicepresidente de la República, Miembros de la Asamblea Nacional, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Ministros, Procurador General de la República, Fiscal General de la República, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Gobernadores, Oficiales y Almirantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, Jefes de Misiones Diplomáticas. Art. 266, numeral 3° CRBV.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por el ciudadano JOSÉ ANTONIO PEÑARANDA, supra identificado, contra la Resolución de fecha 7 de octubre de 1999, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.807, dictada por la Presidenta del Consejo de la Judicatura, el Presidente de la Sala Disciplinaria de dicho Consejo y el Inspector General de Tribunales, que acordó la suspensión cautelar del cargo que ejercía como Juez Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Consecuentemente, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente acción en la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal.