Sentencia N° 41 — Sala Electoral del TSJ, 31 de marzo de 2009

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admite una acción de amparo constitucional interpuesta por Serviliano Abache Blanco, miembro de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda, contra la convocatoria a una asamblea para elegir una nueva junta directiva. Se argumenta que el proceso electoral presenta vicios que amenazan derechos constitucionales, como la falta de un padrón electoral y la designación de la comisión electoral el mismo día de la votación. La Sala declara su competencia y acuerda la suspensión de la asamblea hasta que se dicte sentencia definitiva.

Corresponde a esta Sala determinar, como punto previo, su competencia para conocer de la presente acción, y para ello observa: En primer lugar cabe señalar que en sentencia número 77 del 27 de mayo de 2004 (caso Julián Niño), con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Electoral, con la finalidad de interpretar las competencias que le atribuyó dicha Ley, estableció lo siguiente con relación a su competencia para conocer de acciones de amparo autónomo, dando continuidad a los criterios jurisprudenciales de la Sala a este respecto: “... hasta tanto se dicte la correspondiente ley y la Sala Electoral sea el único órgano integrante de la jurisdicción contencioso electoral, le seguirá correspondiendo conocer las acciones de amparo autónomo contra los actos, actuaciones u omisiones sustantivamente electorales de los titulares de los órganos distintos a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que lógicamente detenten competencia en materia electoral...”. Por otra parte el referido criterio resulta cónsono con la conclusión a la que arribó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1555 de fecha 8 de diciembre de 2000, en la cual expresó lo siguiente: “h) Corresponderá a la Sala Electoral el conocimiento de las acciones amparo autónomo que se interpongan contra actos, actuaciones u omisiones sustancialmente electorales de los titulares de los órganos administrativos, distintos a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”. A su vez, esta Sala Electoral también ha establecido por vía jurisprudencial (véase al respecto la referida sentencia número 77 del 27 de mayo de 2004), que le corresponde conocer, en forma exclusiva y excluyente, el control de la legalidad y constitucionalidad de los actos sustantivamente electorales emanados de los órganos del Poder Electoral, así como de los dictados por los entes enunciados en el numeral 6 del artículo 293 constitucional y, en el caso de amparo constitucional, conoce del mismo en el supuesto de que fuese ejercido conjuntamente con el recurso contencioso electoral. Así mismo, en dicho fallo se estableció que dado que éste órgano judicial es el único que actualmente integra la jurisdicción contencioso electoral, le corresponde conocer de los “...recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra los actos de naturaleza electoral emanados de sindicatos, organizaciones gremiales o colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y de otras organizaciones de la sociedad civil” (resaltado de esta decisión). Igualmente se advierte que las asociaciones de vecinos se incluyen dentro de la acepción a la que el mismo texto constitucional alude implícitamente como “sociedad civil”, tal como lo ha establecido esta Sala en anteriores oportunidades (Véase al respecto, entre otras, las sentencias números 61 del 29 de mayo de 2001 y 148 del 2 de noviembre de 2004). Asimismo, se observa que los derechos constitucionales invocados por el accionante como lesionados en el presente caso son el de la participación, el de libre asociación y el de sufragio, y adicionalmente, la presente acción se interpone con ocasión de la próxima realización de un proceso electoral que tendrá como fin la escogencia de las autoridades de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda (APRUM), todo lo cual evidencia la naturaleza sustancialmente electoral del acto impugnado, así como la afinidad por la materia de los derechos constitucionales invocados en el presente caso. Lo antes expuesto, en concatenación con el hecho de que el acto objetado mediante la presente acción emana de un ente distinto a los previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 5.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, determina que esta Sala se declare competente para conocer de la presente causa. Así se decide.

PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada por el abogado SERVILIANO ABACHE BLANCO, actuando como vecino de la Urbanización Miranda y miembro de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN MIRANDA (APRUM). SEGUNDO: ADMITE la presente acción de amparo y ACUERDA TRAMITARLA conforme al procedimiento establecido por este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, mediante decisión de fecha 1º de febrero de 2000. En consecuencia, se ORDENA librar boleta de notificación a los presuntos agraviantes, ciudadanos miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda. TERCERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar innominada, y en consecuencia, se ordena la suspensión de la Asamblea para la elección de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda, pautada para el día 1º de abril de 2009, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente proceso.