Sentencia N° 39 Electoral TSJ 2001: Radamés Arturo Graterol Arriechi — Conflicto de Autoridad entre Concejales del Municipio…

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia recibió un conflicto de autoridad planteado por el Alcalde del Municipio Morán del Estado Lara, quien alegó que varios concejales estaban usurpando funciones y amenazando la normalidad institucional del municipio. La Sala, tras analizar los antecedentes y alegatos, concluyó que el conflicto no reviste naturaleza electoral, sino que se trata de un asunto administrativo que debe ser resuelto por la Sala Político Administrativa. Por lo tanto, se sometió el caso a la consideración de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 13 de marzo de 2001, declaró que “...al haberse planteado ante la Sala un conflicto de autoridad en el que se cuestiona la legitimidad de autoridades municipales, la competente para conocer y decidir el caso de autos es la Sala Electoral...”, para ello, la Sala Político Administrativo esgrimió como fundamento el criterio expuesto en su fallo Nº 197 del 17 de febrero de 2000, donde señaló que: “...El artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que es a lo que se contrae el presente asunto; en tal sentido, se observa que el ejercicio de dicho mecanismo no está limitado a la simple resolución de conflictos originados entre distintas autoridades locales con motivo de la ejecución de potestades públicas que les son inherentes -como de inmediato sugiere su denominación- sino que su fundamento, según ha venido constatando la Sala en los últimos años, está en muchos casos dirigido a dirimir dificultades relacionadas con la determinación de las autoridades legítimas de esas entidades territoriales, en cualquiera de los supuestos que tal problema presenta: bien en los casos relacionados con la pérdida de investidura de Alcalde o de Concejal (artículo 68 Ley Orgánica de Régimen Municipal), o porque se impugna determinado nombramiento o elección de funcionarios, o, en fin, se discuta sobre la separación temporal o la ausencia absoluta del Alcalde y la persona llamada a sustituirlo, lo que genera una situación de conflicto que pone en peligro la normalidad institucional. Es menester, entonces, distinguir aquellos supuestos en que el conflicto institucional se plantea entre distintas autoridades del ente municipal acerca del ejercicio o definición de determinada área de competencia, de cuando lo que se persigue es, en definitiva, dilucidar la legitimidad del cargo detentado. Resulta evidente para la Sala que la última de las hipótesis mencionadas, guarda estrecha relación con el ejercicio del Poder Electoral, especialmente en lo vinculado a la organización, elección de cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos respectivos que se produzcan como consecuencia de las faltas absolutas suscitadas, y la determinación de sus autoridades legítimas, pues a fin de cuentas la razón de ser del Poder Electoral como rama independiente de los otros poderes públicos no es otra que la de servir de garantía al respeto de la voluntad popular expresada directamente en procesos comiciales y de manera indirecta, pero no menos importante, por el ejercicio de la autoridad delegada a través de sus órganos representativos o autoridades públicas. Debe entenderse así que es a la jurisdicción electoral a quien corresponde igualmente la preservación de estos altos valores y principios.

SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA SALA PLENA DE ESTE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, el conflicto negativo de competencia planteado con relación a la presente causa.