Sentencia N° 33 Electoral TSJ 2000: Sociedad Civil COORDINADORA DE VECINOS DEL… vs Consejo Nacional Electoral

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar el recurso contencioso electoral interpuesto por la Sociedad Civil COORDINADORA DE VECINOS DEL ESTADO ZULIA y el Gobernador del Estado Zulia, contra la Resolución Nº 991-208-546 del Consejo Nacional Electoral, que declaró inadmisible el recurso jerárquico relacionado con un referéndum consultivo. La Sala anula dicha resolución y ordena al Consejo Nacional Electoral pronunciarse nuevamente sobre la admisibilidad del recurso jerárquico, haciendo abstracción de la incompetencia alegada. Se destaca que el referéndum consultivo celebrado el 26 de septiembre de 1999 estuvo viciado por irregularidades que afectan su validez.

Los apoderados judiciales de los recurrentes, alegaron lo siguiente: Que en fecha 19 de diciembre de 1997, el Poder Ejecutivo solicitó al Consejo Nacional Electoral la organización de un referendo consultivo en las parroquias Manuel Dagnino, Cecilio Acosta y Olegario Villalobos, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Que la comunicación mediante la cual el Poder Ejecutivo solicitó la organización del referendo antes mencionado, fue recibida en el Consejo Nacional Electoral el día 22 de diciembre de 1998, y a partir de ese momento se comenzó a contar el lapso establecido en la parte in fine del artículo 20 del Reglamento de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. Que fueron depositadas distintas sumas de dinero a beneficio de la Junta de Referendo, para la realización de la consulta, pero su origen “... no es confirmado por los entes obligados a financiar los comicios por imperio de la Ley de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles y su Reglamento, cuales son la Gobernación del Estado respectivo o la Alcaldía de los Municipios donde se lleve a cabo el referéndum consultivo, a pesar de existir igualmente comunicaciones emanadas de la Junsta (sic) de Referéndum, designada por el Consejo Nacional Electoral, dirigida tanto a la Alcaldía como a la Gobernación, donde se le participa la existencia en las cuentas del Banco Unión (....) de depósitos de cantidades dinerarias hechas por particulares y expresamente en algunos casos por la Cámara de Turismo, a favor de la Comisión de Referéndum, a los efectos de que los destinatarios de dichas misivas ‘certificaran’, estos es, consintieran, en tener o considerar dichos depósitos, como aportes válidos para la realización de los comicios.” Que la Alcaldía de Maracaibo y la Gobernación del Estado Zulia, nunca proveyeron de fondos a la Junta de Referendo para llevar a cabo la consulta. Que en fecha 30 de abril de 1998 el Síndico Procurador Municipal del municipio Maracaibo realizó una comunicación donde certifica la existencia de un depósito por la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 25.000.000), aclarando que la misma proviene de las partes interesadas. Que la Junta de Referendo utilizó las cantidades de dinero depositadas para “el pago de las obligaciones contraídas previamente a cada una de las suspensiones, por concepto de logística para la realización de los mismos, donde se incluye el pago de pautas publicitarias en medios de comunicaciones regionales.” Que “...de diversas documentales, emanadas de la Cámara de Turismo se evidencia un marcado interés en desvirtuar el mandato del Ejecutivo, para llevar a cabo una consulta para la instalación únicamente de Casinos, instando a ellos al Cuerpo Electoral, procediendo así a una competencia que no le es atribuida al referido cuerpo que colige con lo establecido en el artículo 24 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.” Que para la realización del referido referendo se acordó un presupuesto de catorce millones de bolívares (Bs. 14.000.000,00). Que la Comisión de Referendo realizó un informe, en el cual señaló que el monto definitivo de los gastos del proceso comicial, celebrado el día 26 de septiembre de 1999, fue por la cantidad de treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y seis bolívares (Bs. 34.346.866). Que el tiempo transcurrido entre el día que se recibió la solicitud formulada por el Ejecutivo Nacional y el día en que se realizó el referendo, excedió a los lapsos previstos en el artículo 20 de Reglamento de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. Que los gastos para la realización del referendo fueron financiados por particulares interesados en la instalación de salas de juego, lo cual fue aceptado por la Junta de Referendo ejerciendo una competencia que no le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. Que se incumplió la disposición prevista en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, por cuanto el proceso no se desarrolló en los centros docentes, sino en “... la vía pública, toldos, taxis y otros vehículos pertenecientes a particulares, lo que trae como consecuencia que los resultados obtenidos se encuentran directamente afectados por tal situación irregular, por cuanto creó un clima de inseguridad al electorado en lo relativo al proceso mismo, lo que hace procedente la declaratoria de nulidad de la vía de hecho que constituye el referéndum consultivo del día domingo veintiséis (26) de septiembre de 1.999.” Que es nulo el referendo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, por lo que resulta “... aplicable la consecuencia jurídica prevista referida a la nulidad de la elección, por cuanto tales vicios no son susceptibles de ser convalidados o subsanados como consecuencia de su incidencia directa en el resultado de la consulta.”

1. Declara CON LUGAR, el recurso contencioso electoral interpuesto por los abogados Luz María GIL de ESCARRÁ, Víctor ROVAYO DE LA ROSA y Gustavo MARTÍNEZ MORALES, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Civil COORDINADORA DE VECINOS DEL ESTADO ZULIA “COVEZULIA” y del ciudadano Francisco Javier ARIAS CÁRDENAS, Gobernador del Estado Zulia, contra el acto administrativo emanado del Consejo Nacional Electoral contenido en la Resolución Nº 991-208-546, de fecha 8 de diciembre de 1999, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto contra el referéndum consultivo celebrado el 26 de septiembre de 1999, cuyo objeto era recoger la voluntad de la población electoral, en el sentido de respaldar o no la instalación de salas de bingo, casinos y máquinas traganíqueles en las parroquias Manuel Dagnino, Cecilio Acosta y Olegario Villalobos del municipio Maracaibo del Estado Zulia. 2. ANULA el acto administrativo emanado del Consejo Nacional Electoral contenido en la Resolución Nº 991-208-546, de fecha 8 de diciembre de 1999. 3. ORDENA al Consejo Nacional Electoral hacer un nuevo pronunciamiento en cuanto a la admisibilidad del recurso jerárquico interpuesto por los recurrentes contra el referéndum consultivo in comento, haciendo abstracción de la causal de inadmisibilidad relativa a la incompetencia de ese órgano para conocer del recurso en referencia.